El titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera Castillo, aseguró que no atendió ninguno de los “inapropiados” pedidos que recibió de parte de Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, para favorecer a terceros.
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Los pedidos de Pacheco a Vera se referían al nombramiento de un martillero público en Trujillo, Marco Urbina Chumpitassi, al no cobro de una deuda tributaria y un proceso de fiscalización de la empresa Deltron, y además a la ampliación de importación de mercurio de 20 a 500 toneladas por parte de la empresa MQVC Corporation.
El jefe del ente recaudador se presentó ante la Comisión de Fiscalización, que investiga los posibles hechos irregulares que habrían cometido funcionarios pertenecientes al entorno del presidente Pedro Castillo.
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Vera Castillo ratificó que Bruno Pacheco le trasladó algunos requerimientos, vía chat, los cuales fueron inmediatamente puestos de conocimiento al Ministerio Público, apenas fueron revelados por la prensa. Incluso entregó el celular institucional a la Fiscalía para los fines correspondientes.
Afirmó que al tomar conocimiento sobre estos requerimientos de Pacheco, fueron rechazados de plano y no fueron atendidos, porque resultaban “inapropiados” y dejó de comunicarse con el exfuncionario palaciego.
“Soy un profesional de carrera de la Sunat, a la cual ingresé por concurso público. Yo tengo muy claro lo que debo hacer y lo que no debo hacer”, dijo Vera.
El presidente de la comisión, Ángel Ventura (Fuerza Popular), preguntó a Vera por qué no puso de conocimiento de esa situación al procurador a fin de que tome las acciones pertinentes y denuncie posibles hechos irregulares.
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El funcionario respondió que cuando ocurren hechos internos se ponen en conocimiento de la Intendencia de Recursos Humanos. “No han sido actos irregulares dentro de la institución, sino que vinieron de fuera”, acotó.
Cuando Ventura insistió si los requerimientos de Pacheco colindan con el tráfico de influencias, el titular de la Sunat, dijo que esa es una calificación que corresponde resolverlo el Ministerio Público.
En la sesión, también se presentó el empresario, Marco Antonio Pasapera Adrianzén, quien dijo que en el 2014 se retiró totalmente de la empresa Termirex. “Yo no tengo nada que ver con el Consorcio Tarata III”, indicó.
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Antes de culminar la sesión, el vicepresidente, Enrique Wong, informó que volverán a ser citados el exsubsecretario general del Despacho Presidencial Ysmael Rafael Mayuri Quispe y Silvia Barrera Vásquez, quien se excusó de asistir porque se contagió de COVID-19.
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