Subcomisión dio cuenta de las denuncias presentadas contra Patricia Benavides y Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta este martes, 28 de noviembre, de las denuncias presentadas contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y contra la presidenta de la república, Dina Boluarte.

La presidenta de dicho grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso), hizo un recuento de las denuncias presentadas y un resumen de las infracciones y/o delitos imputados.

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Asimismo, se dio cuenta de la denuncia presentada por Sigrid Bazán (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) contra su colega Patricia Chirinos (Avanza País) por presuntamente haber infringido el artículo 39 de la Constitución y haber cometido el supuesto delito de tráfico de influencias.

Esto, en base a la información que se conoció el 27 de noviembre sobre la investigación del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder que involucra al equipo de asesores de la fiscal de la Nación por presunta organización criminal.

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Como se recuerda, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) presentó una denuncia contra la titular del Ministerio Público por infracción constitucional y por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la Diviac detuvieron el último lunes a Jaime Villanueva Barreto, asesor de Benavides, por presuntamente integrar una red criminal enquistada en la alta dirección de la Fiscalía de la Nación.

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La hipótesis fiscal apunta que los miembros de esta organización criminal habrían influenciado ilícitamente en decisiones clave del Congreso de la República.

Así lo revelarían diversos chats enfocados en las votaciones del pleno respecto a tres temas: la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección del defensor del Pueblo y la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos.

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Por su lado, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.

La denuncia presentada ante el Congreso incluye a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

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La investigación preliminar contra Dina Boluarte era por tres delitos: genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, y fue aprobada el 10 de enero de este año. Tenía inicialmente un plazo de ocho meses.

El pasado 7 de septiembre, la fiscalía dispuso “ampliar excepcionalmente” la indagación preliminar por 45 días, plazo que venció el 25 de octubre. Ese mismo día se anunció una nueva ampliación, esta vez por ocho meses más.