TenisPor Martín Calderón
La presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se acusaron mutuamente de realizar presuntas maniobras políticas para interferir en las investigaciones que las comprometen.
La presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se acusaron mutuamente de realizar presuntas maniobras políticas para interferir en las investigaciones que las comprometen.
Ambas se pronunciaron oficialmente este lunes 27. Boluarte lo hizo desde Palacio de Gobierno, flanqueada por su Gabinete Ministerial; y Benavides desde el Ministerio Público, acompañada principalmente por fiscales provinciales, adjuntos y solo dos fiscales superiores, Marena Mendoza y Karina Quineche.
El enfrentamiento se inició cuando Benavides dijo no temer a supuestos “ataques premeditados” de quienes “se oponen” a su labor de “luchar contra la impunidad”, luego de que su asesor principal, Jaime Villanueva Barreto, fuera detenido por presuntamente integrar una red criminal que ella lideraría.
Golpe y contragolpe
La fiscal de la Nación aseguró que no se amedrenta ante “represalias” y que actuará con celeridad en los casos que tiene a su cargo. E inmediatamente informó de la presentación de una denuncia constitucional contra Boluarte por los fallecidos en las protestas antigubernamentales realizadas entre diciembre y enero pasado.
ESTA ES LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL:
“No temo a las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona, porque mi compromiso [...] para actuar con orden, firmeza y celeridad son más grandes que cualquier amenaza o intimidación. [...] Asimismo, informo que he presentado denuncia constitucional ante el Congreso [contra Boluarte, Otárola y los extitulares del Interior]”, dijo.
La presentación de la denuncia constitucional causó sorpresa porque apenas el pasado 23 de octubre, Benavides había prorrogado por ocho meses más la investigación preliminar contra Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas contra su gobierno. Para ello argumentó que solo se habían realizado el 20 % de las diligencias por “una serie de situaciones que generaron dilaciones innecesarias”.
En ese momento dispuso recabar las declaraciones de más de 300 personas en calidad de testigos, entre los que se encontraban 27 derechohabientes; más de 34 funcionarios y servidores, 241 presuntas víctimas de lesiones y 27 testigos.
Ante ello, Boluarte dijo que la denuncia en su contra es “una maniobra política” para “distraer” a la ciudadanía.
“Es sospechoso y grave que se presente la denuncia”, añadió.
La mandataria destacó que dos fiscales supremos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, exigieron ayer [lunes 27] la renuncia de la fiscal de la Nación por presuntamente liderar una red criminal que habría direccionado en el Congreso de la República la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En manos de la subcomisión
La denuncia constitucional contra Boluarte es por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves. En tanto, Otárola y los ex ministros del Interior Víctor Rojas y Vicente Romero son señalados por homicidio calificado; y César Cervantes, también ex titular del Interior, por lesiones graves.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), confirmó a El Comercio que ya recibió la denuncia. Añadió que hoy [martes 28] dará cuenta de esta en una sesión programada para las 5.45 p.m.
La denuncia recuerda que la vacancia presidencial de Pedro Castillo y la asunción de Boluarte el 7 de diciembre pasado motivaron protestas sociales a nivel nacional. En estas, los manifestantes exigieron principalmente el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.
Días después se reportaron movilizaciones violentas en diferentes regiones, entre ellas en Ayacucho, donde fallecieron Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra, presuntamente a causa de las operaciones desplegadas por personal del Ejército para el control de las manifestaciones.
La denuncia da cuenta de más fallecidos “presuntamente a causa del uso desproporcionado y letal de la fuerza” por parte de las autoridades.
Añade que Boluarte tenía el deber de garante de la vida e integridad física de los ciudadanos. Además, es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
El documento precisa: “Boluarte Zegarra, al momento de los hechos, tenía mando tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre la Policía Nacional del Perú, lo que implica que tenía la autoridad para supervisar y controlar las acciones de dichas instituciones, por lo que era su deber asegurar que las mismas operen dentro de los límites de la ley y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, con la finalidad de evitar que el personal de dichas instituciones incurra en el uso desproporcionado y letal de la fuerza”.
Además, destaca que Otárola, quien ejerció como ministro de Defensa cuando se iniciaron las protestas, tenía la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.
La fiscal de la Nación destaca en la denuncia constitucional que Boluarte, Otárola y los exministros del Interior “habrían tenido comportamientos omisivos dolosos”; es decir, presuntamente no intervinieron para evitar violaciones a los derechos de los manifestantes.
De acuerdo con la denuncia, los “comportamientos omisivos dolosos” habrían desencadenado en los decesos de los ciudadanos Christopher Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Santisteban Yacsavilca, así como las lesiones físicas graves de Renato Murillo Reyes.
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