Al menos 11 congresistas realizaron coordinaciones con detenido asesor de la fiscal de la Nación

Durante la madrugada de este lunes, los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la DIVIAC de la Policía Nacional capturaron a Jaime Villanueva Barreto, principal asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente ser parte de una red criminal enquistada en la cúpula de esta institución.

Esta organización criminal- de acuerdo a la tesis del equipo de la fiscal superior Marita Barreto- estaría encabeza por Benavides y habría direccionado una serie de procedimientos en el Congreso, como la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el proceso sumario contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Villanueva, a quien se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, realizó coordinaciones con al menos 11 parlamentarios de diferentes bancadas [ver recuadro]. Estas citas se dieron principalmente, entre agosto del 2022 y setiembre del 2023, para captar votos a favor de la sanción política contra Ávalos, quien entonces era fiscal suprema.

Por ejemplo, el 21 de agosto del año pasado, el congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), actual presidente de la Comisión de Educación, recibió en su oficina al principal operador de Benavides, pero también a otros dos de sus asesores: Miguel Girao y Abel Hurtado. Ambos sindicados como parte de la referida red criminal en la alta dirección del Ministerio Público.

Cuatro días antes, Balcázar ya se había reunido a solas con Girao por casi tres horas.

Para el Eficcop, las citas con el parlamentario de Perú Bicentenario “habrían servido para influenciar ilícitamente” en el proceso constitucional contra Ávalos.

En la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que ordena la detención preliminar de Villanueva, también se da cuenta que el 22 de setiembre del 2022 la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), se reunió con el mencionado asesor y con Girao.

Al día siguiente de esta cita, la SAC aprobó por mayoría el informe final de las denuncias N°209 y N°231 acumuladas, que recomendó acusar a Ávalos por infracción al inciso 4 del artículo 159 de la Carta Magna por haber suspendido la investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo por las presuntas irregularidades en los ascensos en las FF.AA. y el Caso Puente Tarata y PetroPerú.

Camones, en comunicación con El Comercio, dijo que ella fue elegida presidenta de la SAC el 19 de setiembre del 2022 y que heredó el informe final que proponía la inhabilitación de Ávalos de su antecesora en el cargo, la también apepista Rosio Torres.

La expresidenta del Congreso dijo que ella citó a la sesión del 23 de setiembre, cuando se aprueba el documento referido, un día antes a las 10:50 a.m., mientras que la reunión con Villanueva y Girao se realizó ese mismo día a las 5 p.m.

“Ellos vinieron como coordinadores de la fiscal de la Nación, porque había muchas denuncias de esta institución en la SAC. Yo no puedo responder por conversaciones de otros congresistas, pero en mi caso en ningún momento se tocó el tema de Zoraida Ávalos. Quiero descartar que se me haya hecho un pedido para darle celeridad a ese informe”, subrayó.

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El 3 de octubre de 2022, Villanueva también acudió a la oficina de la congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular). La ex fiscal de la Nación había secundado la denuncia constitucional contra Ávalos.

El principal asesor de Benavides acudió en otras tres oportunidades al despacho de la parlamentaria de Renovación Popular. La última vez fue el 2 de octubre último.

Para el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, las visitas de Villanueva a los despachos de estos parlamentarios tuvieron “la finalidad de hipotecar la autonomía institucional del Ministerio Público y la imparcialidad en la persecución penal”.

En el documento que dispone su detención, al que tuvo acceso El Comercio, el consejero de Benavides remarcó, en una de las conversaciones que tuvo con un o una congresista, que él era “el único autorizado” por la fiscal de la Nación para hablar en su nombre.

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La captación de votos

En las conversaciones de WhatsApp entre Villanueva y un o una congresista cuya identidad aún no se conoce, el primero llega a detallar sobre las conversaciones y captación de votos que ha logrado con representantes de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú y algunos no agrupados para concretar la sanción política a Ávalos.

A fines de mayo último, el asesor de la fiscal de la Nación reveló que ya había conversado con los acciopopulistas Luis Aragón, Edwin Martínez e Ilich López.

Aragón votó a favor de la sanción a la hoy ex fiscal suprema en la Comisión Permanente, mientras que Martínez y López hicieron lo mismo en el pleno.

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Villanueva, además, sostuvo que ya tenía el respaldo de Perú Libre y de Podemos Perú, porque había logrado hablar con “Vlady”, en referencia al perulibrista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, y con José Luna Gálvez, líder y fundador de la segunda agrupación.

Asimismo, contó que Patricia Chirinos (Avanza País) le había conseguido los votos del Bloque Magisterial, la bancada de los profesores.

“Patty Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial”, escribió.

También narró que pudo sumar el apoyo a la inhabilitación de Ávalos a Somos Perú, a “Los Niños” de AP mencionados líneas arriba, y a María Cordero Jon Tay. Agregó que el congresista fujimorista César Revilla, actual presidente de la Comisión de Economía, la persona que le “coordinó” estás reuniones.

Entre mayo y junio último, la cúpula de la Fiscalía de la Nación habría ejecutado la última parte de su plan para que el Parlamento inhabilite a Ávalos. De acuerdo a la tesis del Eficcop, para la titular del Ministerio Público y su entorno era de “vida o muerte” concretar la sanción política contra la referida fiscal suprema, a quien veían como un “peligro”.

Incluso, Villanueva, en sus mensajes a uno de los integrantes del Congreso, afirmó que una vez que “logremos el objetivo”, “saliendo de este peligro hay varias cosas que podemos trabajar”.

El 6 de junio, el o la congresista que actúa como enlace del principal asesor de la fiscal de la Nación le indicó a este que diferentes parlamentarios “querían una señal de archivo de sus investigaciones”. La respuesta fue que “ya todo estaba listo” y que la disposición saldría el viernes 9 de junio.

El 15 de junio, seis días antes de que el pleno del Congreso inhabilite a Ávalos por cinco años, el principal asesor de Benavides envió a su enlace en el Parlamento un archivo PDF, donde estaba la disposición que enviaba al archivo una investigación preliminar en contra de 32 legisladores comprendidos en el Caso Los Niños 3. A estos se les imputaba el delito de cohecho pasivo propio.

De esta manera, según la investigación del Eficcop, la fiscal de la Nación dio “cumplimiento a su ofrecimiento criminal” del 6 de junio de archivar la investigación a congresistas “con la finalidad de influir ilícitamente” sobre estos y “voten a favor de la inhabilitación” a Ávalos y “así evitar” que esta pueda sucederla si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la sancionaba.

“Tenemos que lograr esos votos el jueves. El mensaje es claro, se queda Shakira y la junta suspende a Benavides”, refirió Villanueva en unos de los chats revelados.

El 21 de junio último, el pleno del Congreso inhabilitó a Ávalos con 70 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones.

De los 70 votos a favor, ocho provinieron de los congresistas Rosio Torres Salinas, Cheryl Trigozo Reátegui (APP), María Agüero Gutiérrez, Kelly Portalatino, Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), Heidy Juárez (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) y Alfredo Pariona Sinche (no agrupado en la actualidad). Todos ellos habían sido librados días antes de la investigación del Caso Los Niños 3.

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Cabe resaltar que Perú Libre- con Waldemar Cerrón a la cabeza- votó en contra de la sanción a Ávalos en la Comisión Permanente en diciembre de 2022. Pero la bancada cerronista cambió de postura en el pleno tras las presuntas reuniones del hoy tercer vicepresidente del Parlamento con el principal asesor de Benavides.

Villanueva también había enviado a un congresista una proyección de votos hecha por la cúpula de la Fiscalía de la Nación. En esta ponía el nombre de cada congresista y al costado la investigación en la que este estaba involucrado.

El mismo 21 de junio, el principal asesor de la fiscal de la Nación le pidió a su contacto que la resolución con la inhabilitación de Ávalos se publique al día siguiente, porque eso era “vital” para que el accesitario ingrese a la Junta de Fiscales Supremos y se bloquee cualquier tipo de medida cautelar que la “lagarta” quiera interponer.

El equipo especial, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, consideró que la pretensión de la organización criminal que encabezaría Benavides era “lograr la permanencia en el cargo” de esta y obtener “el control absoluto” del Ministerio Público “hipotecando su institucionalidad y su integridad funcional”.

Este Diario intentó comunicarse con los congresistas Cerrón, López, Aragón, Revilla y Luna Gálvez, pero no respondieron a nuestras llamadas hasta el cierre de esta nota.

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Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), Chirinos dijo que “es falso” que ella esté implicada en actividades ilegales.

“Era de prever que la casta caviar al sentir que pierden poder y el control sobre el sistema de justicia, no se quedaría de brazos cruzados y contratacaría […] En su desesperación, buscan sin éxito implicarme en actividades ilegales. Pero todo es falso y sepan que aquí estoy, bien parada”, escribió.

Echaíz, por su parte, refirió que se vienen “tiempos difíciles” en la fiscalía. Sin embargo, prefirió no opinar sobre la situación de Benavides.

“No opino en ese sentido [sobre renuncia de la fiscal de la Nación], son decisiones personales, tratándose de un órgano de la administración de justicia y siendo crítica de las interferencias de allá para acá o de acá para allá, prefiero mantenerme al margen. Si alguien me menciona a título personal, yo le respondo a título personal”, expresó.

También negó tener injerencia dentro del Ministerio Público y calificó estas imputaciones de “especulaciones”.

“Indudablemente, qué injerencia tengo yo en el Ministerio Público, esa es una especulación que ha salido porque he sido fiscal de la Nación. Sí defiendo el presupuesto el Ministerio Público, como lo he defendido siempre, y porque cada institución busca tenerlo”, acotó.

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El punto de vista

Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que la Mesa Directiva, dirigida por Alejandro Soto (APP), “debe brindar” colaboración al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y transparentar cualquier información que pueda servir “para esclarecer la hipótesis del caso”.

“Primero se debe investigar esta denuncia rápidamente, esto no debe durar más de cuatro semanas, se tiene que transparentar la información, vamos a ver qué encuentran en las computadoras incautadas [a los asesores de Benavides]. Es caso recién está empezando”, manifestó a El Comercio.

Rospigliosi también sostuvo que “en la coyuntura política actual se requiere discernimiento”. “La solución es elegir una nueva Mesa Directiva con congresistas sin cuestionamientos, a fin de que guíen al país a una convocatoria a nuevas elecciones generales 2024″, acotó.

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El analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que la denuncia hecha por el Eficcop es “muy grave”, porque nuevamente “conecta y vincula al poder político”, representado en el Congreso, “con actos arbitrarios e ilícitos” que tiene que ver con la administración de justicia. Añadió que las coordinaciones hechas por el asesor de Benavides comprenden a bancadas de “todos los espectros políticos, desde la izquierda hasta la derecha”.

“Lo más grave es que los que deben perseguir el delito están en contubernio con los perseguidos, para que voten de una u otra forma. Y, por otro lado, las reacciones son sintomáticas, algunos políticos quieren relativizar los presuntos delitos”, manifestó a este Diario.

El también director de GFP advirtió que las imputaciones del equipo de fiscales de Barreto revelan que los acuerdos en el Parlamento “no son programáticos ni ideológicos, sino producto de la impunidad”. “De arreglos para delinquir y no ser sancionado”, complementó.

Radzinsky exhortó a la JNJ, al defensor del Pueblo y a los líderes de los partidos políticos, a los que pertenecen los congresistas que se reunieron y coordinaron con Villanueva a pronunciarse. “Estos silencios parecen complicidad”, concluyó.

Más información

Uno de los beneficiados con el archivo del Caso Los Niños 3 fue el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Él, en diciembre de 2022, votó a favor de la inhabilitación a Ávalos en la Comisión Permanente. En ese momento era portavoz de APP.