Dina Boluarte se presentó ante Subcomisión de Acusaciones por denuncias en su contra | VIDEO

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se presentó este lunes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para responder por el proceso iniciado en su contra por supuesta infracción constitucional y que podría terminar con su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Mira aquí la sesión:

A Boluarte se le cuestiona por haber realizado gestiones en beneficio de una asociación privada, el Club Departamental Apurímac, cuando ya era ministra de Estado y vicepresidenta. También se le señala por una presunta omisión en su declaración jurada de intereses al no incluir a su cuñado Alfredo Pezo Paredes, quien registra contratos con el Estado.

Sigue aquí los detalles de la sesión:

En la audiencia se evalúan las denuncias constitucionales 268 y 269, según las cuales Boluarte Zegarra habría cometido algunas incompatibilidades y omisiones en las declaraciones juradas de intereses presentadas la funcionaria, dentro de las que destacan que, durante el ejercicio del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría suscrito documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac.

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Asimismo, habría omitido informar en sus declaraciones juradas de intereses su participación como presidenta del Club Departamental Apurímac y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, respectivamente, lo que constituye, según expresa la Contraloría, una declaración incompleta, además de omitir el nombre de familiares en segundo grado de afinidad.

Se tiene previsto que Boluarte llegue a las instalaciones del Congreso para que forme parte de la audiencia en la que se verá esta denuncia, la cual podría tener como consecuencia su destitución e inhabilitación del puesto.

Además, de este tema, se tiene en agenda que en esta sesión se evalúe si se admite o no la denuncia hecha por Edward Málaga contra el presidente Pedro Castillo por uso indebido de bienes públicos al trasladar en el avión presidencial a particulares.

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