Crearán sistema para proteger a jueces y fiscales de delincuentes

Un sistema de protección especial será diseñado e implementado para garantizar la integridad de los jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado, según se acordó el lunes en la ronda de consultas convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre seguridad ciudadana.

En la cita, promovida por el titular de la PCM, Juan Jiménez, tanto los jueces, fiscales, policías, procuradores, y otros sectores pertinentes estuvieron representados bajo la premisa de buscar un consenso en torno a un pacto por la seguridad en el país.

Entre otros temas abordados figura la realización de una evaluación integral del Código Procesal Penal, tras su implementación en más de 20 jurisdicciones para introducir los correctivos necesarios y optimizar las operaciones de la Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, definiendo responsabilidades.

Igualmente, se reafirmó el apoyo a la Comisión Nacional de Bienes Incautados, luego de revelarse que el Estado habría perdido millones de nuevos soles en bienes que no pudieron ser incautados debido a que malos funcionarios facilitaron inscripciones fraudulentas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Además, el Ministerio Público y la Policía Nacional afinarán sus protocolos de manera que sus funciones sean complementarias y eficientes, sin duplicaciones. Con ello, se logrará mayor efectividad en las actividades que comparten en la lucha contra el crimen y persecución de delincuentes.

PARTICIPANTES En la reunión del lunes participaron el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza; el fiscal de la Nación, José Peláez; los ministros de Justicia, Eda Rivas; y del Interior, Wilfredo Pedraza; el director general de la Policía Nacional, general Jorge Flores Goicochea; el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Máximo Herrera; y el jefe del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe.

También estuvieron los directores de la Sucamec, Jorge Carcovich; y de Migraciones, Edgar Raymundo; y los procuradores especializados en lavado de activos, Julia Príncipe; tráfico ilícito de drogas, Sonia Medina; y asuntos de orden público, Eva García.