SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07 Redacción Online

Hace una semana y media, la Segunda Fiscalía Provincia decidió archivar la investigación contra ex funcionarios del Ministerio de Educación del gobierno anterior y empresarios involucrados en las presuntas irregularidad en la remodelación de los colegios emblemáticos, según reveló el procurador anticorrupción del caso, Christian Salas.

Según Salas, el fiscal Marco Villalta argumentó que el caso “no tenía relevancia penal” y que este debía ser resuelto en la vía arbitral por incumplimiento de contrato de parte de las constructoras.

En comunicación con elcomercio.pe, el abogado del Estado indicó que ha impugnado la medida adoptada por Villalta ante la fiscalía superior.

“El fiscal no ha valorado todos los hechos en su totalidad, no los ha analizado correctamente y la opinión que ha emitido no es de acuerdo a ley. Nosotros hemos expuesto nuestra impugnación al fiscal superior de que los hechos sí tienen relevancia penal, que no debe analizarse solamente la parte de la ejecución del contrato, sino los actos preparatorios”, agregó.

El procurador sostuvo, en ese sentido, que existen pruebas que demuestran que empresarios y personas cercanas al ex presidente Alan García coordinaron y se reunieron meses antes de la emisión del Decreto de Urgencia 004-2009, que permitió la elección a dedo de las constructoras que remodelarían los centros educativos.

COLUSIÓN AGRAVADA Salas señaló que el representante de la empresa DH Mont, Ricardo Mont, sostuvo citas en Palacio de Gobierno con la secretaria personal de García Pérez y con el ex secretario de Palacio, Luis Nava, entre noviembre del 2007 e inicios del año siguiente.

“Curiosamente, luego de estas reuniones sale el DU 004-2009, que autoriza la adjudicación directas de las obras de los colegios. Y DH Mont resultó beneficiada con 17 obras. Entonces, los hechos deben ser analizados desde ese punto, porque estaríamos ante un caso de colusión agravada”, manifestó.

El procurador también dijo que su despacho le ha enviado a la Fiscalía de la Nación una solicitud para que el ex presidente García se incluido en este caso. “Tenemos indicios que uno de los empresarios realizó coordinaciones previas (al decreto de urgencia) con personal de su confianza”, complementó.

La fiscalía superior, según dijo Salas, podría resolver mañana si se archiva o se continúa la investigación por el caso de los colegios emblemáticos.

La investigación fiscal fue iniciada de oficio y tomó algunos elementos del informe preliminar que realizó la megacomisión sobre el caso y también de las indagaciones hechas por la Contraloría.

OMITEN RESPONSABILIDADES PENALES El titular del grupo de investigación, Sergio Tejada, consideró “curioso” el proceder de la fiscalía, porque abrió investigación sin esperar el debate del pleno sobre el informe de los colegios emblemáticos.

“Informe de la fiscalía señala que Contraloría solamente encontró responsabilidades administrativas y civiles. Omite decir que también halló penales”, escribió el legislador oficialista en su cuenta de Twitter.

Finalmente, el congresista cuestionó que el caso de los colegios emblemático pase “a la larga lista de archivados” por el Ministerio Público.

Por su parte, el ex ministro toledista Juan Sheput dijo que si la fiscalía no reabre el caso, el Congreso de la República podría imponer sanciones constitucionales contra los ex funcionarios del Ministerio de Educación involucrados, a fin de evitar la impunidad.

Explicó que el Legislativo puede hacer uso de su facultad para establecer castigos constitucionales, que pueden terminar en la inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

“Existe la sanción penal que está a cargo del Ministerio Público pero también hay una sanción constitucional que es potestad del Congreso, eso evitará un blindaje del Ministerio Público que lamentablemente estamos viendo en beneficio de altos dirigentes apristas”, concluyó.