La Contraloría General de la República emitió su informe sobre la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro, en el que concluye que no se acredita el cumplimiento de los requisitos para ejercer el cargo, ni del procedimiento legal para la designación.
La semana pasada el ministro de Energía, Eduardo González Toro, había asegurado ante el Congreso que el futuro de Salaverry en la institución dependía del informe de la Contraloría y de la decisión del directorio.
“La situación expuesta relacionada con la no acreditación de los requisitos, ni cumplimiento del procedimiento para la designación del presidente del directorio de Perú-Petro S.A., podría afectar la correcta e idónea designación y la eficiencia de la actividad empresarial de dicha entidad”, concluye el informe de Orientación de Oficio, al que El Comercio tuvo acceso y que ya fue notificado al Ministerio de Energía y Minas este viernes.
Precisa que de la revisión de la documentación presentada “no se acredita el cumplimiento de los requisitos, ni del procedimiento para la designación establecidos en la normativa de la materia, lo que afectaría la correcta e idónea designación, así como también la eficiencia de la actividad empresarial de dicha entidad”.
Respecto a los requisitos para ser designado miembro del directorio de Perú-Petro, la Contraloría advierte que se debe acreditar “capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y reconocida trayectoria profesional familiarizada con el giro propio del negocio”, lo que implica documentación e información que sustente capacitaciones técnicas y profesionales y experiencia en la exploración, explotación y comercio de hidrocarburos.
“Al respecto, de la lectura al currículum vitae presentado por Daniel Enrique Salaverry Villa al Ministerio de Energía y Minas para su designación como presidente del directorio de Perú-Petro S.A., se advierte que, en el mismo se señala como formación académica de educación superior el título de arquitecto”.
Precisa también que de la revisión y análisis a la documentación presentada por Salaverry, se acredita trayectoria profesional en la gestión administrativa de empresas privadas, pero “no sustenta de manera suficiente” el cumplimiento del requisito de “capacidad técnica y profesional en la materia” y “reconocida trayectoria profesional familiarizada con el giro propio del negocio”.
“En su información no se detalla capacitaciones técnicas y profesionales y/o experiencia laboral que permitan verificar que sus capacidades y trayectoria profesional estén relacionadas con la exploración, explotación y comercio de hidrocarburos, teniendo en cuenta que los mismos forman parte del objeto social y giro del negocio de la empresa PERUPETRO S.A.; tal como lo exige el artículo 13 de la Ley 26225, Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. y el artículo 7 del D.Leg 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado”, señala el informe.
Sobre el procedimiento para su designación se advierte que el proyecto de resolución suprema fue remitido por la secretaría general del Ministerio de Energía y Minas a la secretaría general del Despacho Presidencial sin que la Oficina de Asesoría Jurídica haya emitido el informe legal sobre la viabilidad de la propuesta y cumplimiento de requisitos legales.
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