La canciller Eda Rivas afirmó hoy que en estos momentos no es factible la petición del ex presidente Alberto Fujimori de cumplir su sentencia de 25 años de cárcel en arresto domiciliario, porque no existe una ley que lo permita.
Rivas, que durante su gestión como ministra de Justicia evaluó el pedido de indulto de Fujimori, dijo que no hay marco normativo para esto y no es una decisión del Poder Judicial.
La ministra agregó que tendría que haber una ley que lo permita y no solamente para el ex presidente Fujimori, sino en general las leyes no se dan con nombre propio y, por tal motivo, el Congreso tendría que dictar una ley al respecto.
Varios juristas explicaron que el arresto domiciliario se aplica a personas que tienen un proceso en curso y para evitar su fuga, pero no para sentenciados.
El abogado Julio Rodríguez informó de que el arresto domiciliario es una medida coercitiva que se tramita durante un proceso abierto para asegurar la presencia del imputado. Esa medida no se puede extender a la ejecución de una pena como en el caso de Fujimori.
Su colega Natale Amprimo señaló: en este caso, no estamos ante un procesado, sino ante un condenado. La ley no contempla esa posibilidad.
FUJIMORI PIDE ARRESTO DOMICILIARIO El abogado del ex mandatario William Castillo presentó el viernes pasado una solicitud ante el Poder Judicial para que su cliente cumpla su condena fuera del penal policial en el que está recluido desde 2007, cuando fue extraditado de Chile.
Estamos buscando que al ex mandatario, durante el tiempo que le resta cumplir la pena privativa de la libertad que se la ha impuesto, se le cambie el lugar de cumplimiento de la pena. Es decir, que pase del penal de Barbadillo, donde se encuentra internado, a un domicilio que señalaremos oportunamente, indicó Castillo.
Según el abogado, Fujimori sufre de cáncer, pese a que una junta médica que lo evaluó señaló que esa condición está bajo control, y además presenta depresión severa e hipertensión arterial.
Fujimori, de 75 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno (1990-2000), y además tiene penas menores por delitos de corrupción.
En junio pasado, el presidente Ollanta Humala rechazó el pedido de indulto humanitario que presentó Fujimori en octubre de 2012, al seguir las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que revisó su caso.