Es remarcable hasta qué punto los países del eje “bolivariano” se olvidan de su discurso supuestamente humanista y de toda su tan publicitada carga de sensibilidad ante el prójimo cuando se trata de sus relaciones internacionales (además, claro, de cuando les toca ocuparse de los derechos de la oposición). Hay muchos ejemplos escandalosos. Chávez, por citar alguno, mantuvo su apoyo al sórdido coronel Gadafi mientras parecía que este podía permanecer en el poder y mucho después de que comenzase a bombardear a su población civil. El ejemplo arquetípico, sin embargo, del doble estándar de los “bolivarianos” cuando se trata de derechos humanos son sus relaciones con Cuba. Aparentemente, heredarse entre hermanos, como una alhaja familiar, una isla de la que no se dejó salir a nadie sin permisos especiales durante sesenta años, no tener libertad de prensa alguna, no celebrar elecciones, o poseer cárceles llenas de prisioneros políticos (y haber tenido por costumbre durante largas décadas fusilarlos), no atenta contra los derechos humanos mientras uno no sea capitalista.

A Cuba, sin embargo, le está saliendo una fuerte competencia en su rol de mejor amigo de los bolivarianos: Irán, la “república” teocrática donde, como lo recordó hace poco un informe de la revista “Caretas”, las personas –incluyendo a “delincuentes” como homosexuales, adúlteros y presos políticos– son ahorcadas en las calles desde pequeños taburetes para asegurar que, en lugar de morir instantáneamente, deban asfixiarse durante 15 o 20 minutos. El año pasado, por ejemplo, aparecieron en Quito una serie de carteles en homenaje al ayatola Jomeini que convocaban a un evento en el que se lo equiparaba a Bolívar. Todo fue transmitido en vivo por Hispan, el canal de televisión vía satélite que el régimen iraní inauguró hace ya más de un año y que emite las 24 horas del día para sus audiencias latinoamericanas.

En Bolivia, por su parte, hay 145 diplomáticos iraníes acreditados: más que todo el resto de diplomáticos internacionales acreditados en La Paz, como bien lo resaltó “El País”. Y la representación diplomática iraní en Venezuela es todavía mayor, según lo estima el mismo diario. Para darse una idea de la dimensión de estos números, baste decir que en España, un país con una larga relación diplomática con Irán, la representación iraní oscila entre 8 y 10 diplomáticos.

Estos ejércitos de diplomáticos no andan ociosos: el año pasado, por ejemplo, fue el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, quien inauguró en Bolivia la Escuela de Defensa de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el organismo de integración regional que creó Hugo Chávez. Y en Venezuela el Gobierno Iraní ha admitido estar asesorando al bolivariano en la construcción de una flota de aviones no tripulados. Por su parte, hace unos días el ex presidente del Banco Central iraní fue detenido en Alemania cargando un cheque del Banco Central de Venezuela por 70 millones de dólares.

No obstante todo lo anterior, quien ha llegado a los extremos más insólitos en su acercamiento con los ayatolas es la presidenta argentina, la inefable señora Kirchner, la perpetuamente emocionada defensora de los derechos humanos que ha hecho de la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Videla uno de los leitmotivs de su gobierno. Así, la señora Kirchner ha anunciado que será una comisión binacional argentino-iraní la que investigará el ataque terrorista del que en 1994 fue víctima un centro comunitario judío en Buenos Aires, donde se asesinó a 85 personas y se hirió a otras 300. Es decir, el ataque del que tanto la justicia argentina como la Interpol coincidieron en culpar al gobierno iraní y del cual el antes mencionado señor Vahidi es uno de los principales sospechosos (de hecho, el ministro, igual que otras ocho altas autoridades de su gobierno, tiene una orden de captura internacional a causa de estos hechos). La señora Kirchner, por lo visto, parece pensar que el mejor socio que puede tener la policía en la investigación de un asesinato es el principal sospechoso del mismo.

Naturalmente, como lo explicó Andrés Oppenheimer en una columna publicada la semana pasada en este Diario, lo más probable es que la comisión binacional encontrará culpable a un puñado de bajos funcionarios del Estado musulmán y liberará de toda responsabilidad al Gobierno Iraní, dejando así las puertas abiertas a la señora Kirchner para fortalecer la relación con un poderoso actor de la geopolítica mundial (e, incidentalmente, con el segundo más grande comprador de soya argentina), por encima de los cadáveres de 85 de sus conciudadanos.

La presidenta, en fin, ha dicho que la colaboración con su nuevo coinvestigador va a permitir una investigación más transparente y justa. No queda claro si lo que ha revelado con tan insólita posición es la largueza de su cinismo, o la idea que tiene de lo que son la transparencia y la justicia.