ONPE y JNE a favor de que el Estado financie a partidos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Távara Córdova, y el jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Mariano Cucho, coincidieron en respaldar que este año se haga efectivo el financiamiento público directo a los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República, tal como lo contempla la Ley de Partidos Políticos (Ley 28094).

Távara señaló que el financiamiento público es importante para que los partidos no estén expuestos a la intervención o injerencia de intereses particulares, entre ellos los del narcotráfico.

Mariano Cucho dijo que, como parte del empoderamiento de los partidos, la ONPE aboga para “que se cumpla con la ley respecto a la entrega del financiamiento público directo”.

Así se expresaron las autoridades electorales en un seminario internacional sobre financiamiento público a los partidos, realizado al mediodía en la sede del Congreso de la República.

QUÉ DICE LA LEY El artículo 29 de la Ley Partidos establece que los partidos que lleguen al Congreso recibirán el financiamiento público directo: 0.1% de una unidad impositiva tributaria (UIT) –fijada en S/. 3.700 para este año– por cada voto en la elección de parlamentarios. Este recurso solo puede ser utilizado en actividades de formación, capacitación e investigación y funcionamiento ordinario.

La tercera disposición transitoria de la norma, no obstante, establece que el financiamiento público se entregará de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto nacional.

La primera vez que debió efectuarse fue en enero del 2007. Pero el presidente de entonces, Alan García, se negó a hacerlo. “El Estado no está en condición de otorgar ningún subsidio”, dijo en ese entonces.

En el seminario realizado hoy, los parlamentarios Omar Chehade (Gana Perú), Martha Chávez (Fuerza Popular), Carmen Omonte (Perú Posible) y Javier Bedoya de Vivanco (PPC) dijeron que el Pleno del Congreso debe debatir pronto el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución para eliminar la tercera disposición transitoria.