Por orden del presidente Pedro Castillo y del entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado, un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Vivienda expuso a amigos del mandatario un plan de obras públicas por más de S/2 mil millones el 20 de agosto del 2021, en una reunión realizada en una casa en Surquillo.
Según reportó “Cuarto poder”, el grupo lo conformaron el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo; la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños; y la directora de presupuesto de esa cartera, Jackeline Castañeda.
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Ellos fueron recibidos por el empresario y dueño de la casa de Breña donde Castillo sostuvo reuniones no transparentadas, Segundo Sánchez; el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero (con detención preliminar por 10 días); y el empresario Abel Cabrera, quienes preguntaron si era posible ingresar más obras al plan.
Días después, Marrufo informó a la entonces vicemininistra Añaños qué obras debían ser ejecutadas sí o sí. Entre ellas, una obra de saneamiento en Chota, Cajamarca.
Marrufo y Castañeda negaron la reunión a “Cuarto poder”, Sánchez se negó a declarar y la exviceministra Añaños se excusó de dar su testimonio.
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El Comercio reveló que, según el testimonio de un colaborador eficaz, Abel Cabrera, Alejandro Sánchez y José Medina decidían sobre licitaciones.
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