Dos ministros y un ex ministro de Estado del actual gobierno trabajaron nada menos que en la reforma judicial que impulsó el régimen de Alberto Fujimori y que se cuestionó al señalarse que era manipulada por el ex asesor Vladimiro Montesinos.

Se trata de la canciller Eda Rivas y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, actuales miembros del Poder Ejecutivo. A esta lista se suman el ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren y el ex presidente del Poder Judicial César San Martín.

Según los contratos por honorarios profesionales que consigna la ex gerencia central de la reforma del Poder Judicial entre 1996 y el 2000, en los que se utilizaban las partidas otorgadas por el PNUD, la ahora canciller Eda Rivas fue contratada como profesional en Derecho, entre el 16 de noviembre de 1996 y el 30 de junio de 1997. Su remuneración total fue de S/.60.750. Luego se le renovó hasta diciembre de ese año.

Fuentes allegadas a la ministra Rivas señalaron que “no hay nada en su hoja de vida que no sea conocido”.

Algo similar ocurre en el caso del actual ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que fue contratado entre el 1 de agosto de 1997 y el 31 de octubre de ese año. Su remuneración total fue de S/.42.406.

En su descargo, Pedraza aseveró que fue convocado por su experiencia como ex presidente del INPE durante el primer gobierno de Alan García. Señaló que hizo una consultoría externa para el Poder Judicial. Le pedían un diagnóstico de los beneficios penitenciarios.

El ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren fue contratado el 1 de setiembre de 1996 hasta el 30 de junio de 1997. Su pago mensual fue de S/.16.265.

El ex presidente del Poder Judicial César San Martín también trabajó en la reforma judicial. Su contrato se inició el 1 de marzo de 1996 y concluyó el 15 de noviembre de ese año. Su remuneración total fue de US$22.500. En su hoja de vida se lee que asesoró a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.