El Poder Judicial condenó a siete personas acusadas de haber participado en los contratos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, entre los años 1996 y 1998, para la adquisición ilícita de 18 aviones MIG-29 y 18 aviones Sukhoi, municiones, repuestos, servicios y otros.
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Las condenas a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, por el delito de colusión desleal, recayeron en Juan Silvio Valencia Rosas, Guillermo Santiago Burga Ortiz, Óscar Emilio Fernando Benavides Morales y Eloisa Cristina de la Fuente Suárez.
Asimismo, fueron sentenciados el exdirector general de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, Reynaldo Uladislao Bringas Delgado; el exdirector de Tesoro, Marcelino Cárdenas Torres; y el exdirector general del Banco de la Nación, José Luis Miguel del Priego Palomino. Todos ellos en calidad de cómplices primarios.
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Todos ellos participaron en las negociaciones ilícitas en nombre del Estado Peruano y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con empresas extranjeras.
Según la investigación fiscal, los condenados, quienes eran funcionarios a cargo de esta contratación pública y particulares, aprovecharon el contexto post conflicto del Alto Cenepa -entre enero y febrero de 1995- para realizar una ilícita concertación con el objeto de obtener un beneficio patrimonial en perjuicio del Estado.
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Producto de este delito se pagaron US$ 452 millones por los aviones de combate adquiridos a través de los contratos Vulcano, Escorpio y otros, pero cuyo valor real ascendió a US$ 158 millones por tratarse de aeronaves de segundo uso y de un país que no otorgó garantía alguna al no ser fabricante de las mismas.
Cabe precisar que, por este caso, también fue sentenciado Vladimiro Montesinos, quien tras someterse al proceso de terminación anticipada, en mayo de 2010, recibió una condena de ocho años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión desleal.
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Igualmente, en su momento, también fue sancionado el excomandante general de la FAP Elesban Bello Vásquez, quien reconoció los cargos imputados en su contra, emitiéndose una sentencia anticipada.
Cabe indicar que en el primer juicio oral las imputaciones fueron desestimadas, incorporándose para este segundo juzgamiento documentación obtenida vía cooperación judicial con autoridades de Panamá con la cual se pudo reconstruir el circuito del dinero y los ilegales mecanismos que se siguieron en esta operación de compra.
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