La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional dejó al voto la apelación presentada por la defensa de Alejandro Sánchez Sánchez, investigado por el caso “Gabinete en la sombra”, contra la incautación de la casa del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, donde el expresidente Pedro Castillo sostenía reuniones clandestinas.
Durante la audiencia de apelación Tomás Gálvez, abogado del empresario, consideró arbitraria la medida, pues aseguró que no existen pruebas contra su patrocinado y que le entregó el inmueble a Castillo Terrones porque “eran amigos”.
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“Es una incautación absolutamente arbitraria porque no cumple ninguna finalidad. Solicito que se declare fundado el presente recurso, se revoque la incautación dispuesta y se entregue el bien a mi patrocinado”, expresó.
“Contra mi patrocinado no existe prueba alguna, más allá de que colaboró para la campaña y le dio la casa porque eran amigos para que pernocte en la campaña y, obviamente, se quedó un tiempo mayor”, agregó.
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Gálvez Villegas también afirmó que Pedro Castillo “no sabía qué hacer” luego de ganar las elecciones generales, razón por la cual “llamó a determinados amigos (para) que lo apoyen” y uno de ellos era Alejandro Sánchez Sánchez.
“Muchas personas accedieron al presidente ante el pedido de él mismo. Existe un WhatsApp donde Pedro Castillo le remite a uno de sus amigos y le dice: ‘Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado, alguien suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír, aún sabiendo que puede irritarme. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible: la amistad’”, aseveró.
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Por su parte, el fiscal Fredy Gutiérrez Crespo remarcó que el delito imputado a Sánchez Sánchez podía facilitar la comisión de otros más graves, razón por la cual se solicitó la incautación del inmueble por considerar que se trataba de un instrumento de la organización criminal liderada por Castillo Terrones.
“Así, la fiscalía lo que buscó era evitar la comisión de otros delitos. Esto es, en el fundamento que se ha señalado, es que se evite que los remanentes de la organización criminal sigan utilizando este inmueble como un centro de operaciones para reunirse, planificar hechos ilícitos u obstaculizar la investigación”, acotó.
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Respecto a la posición de la defensa de que no existe ningún peligro porque tanto Pedro Castillo como algunos involucrados se encuentran detenidos, el representante del Ministerio Público la rechazó.
“Este extremo no es exacto y por eso se justifica esta incautación porque el investigado Alejandro Sánchez Sánchez, desde el requerimiento de la detención preliminar y la prisión preventiva, se encuentra no habido. El señor Juan Silva, que es miembro de la organización criminal y exministro de Transportes, se encuentra no habido. La esposa de Castillo, Lilia Paredes Navarro; su hermana Yenifer y los hermanos de ellos se encuentran no habidos y libres algunos. Los sobrinos de Castillo, Fray Vásquez Castillo y Rubdel Castillo, se encuentran no habidos y la lista podría continuar”, subrayó.
Como se recuerda, en enero pasado el Poder Judicial ejecutó la inscripción de la incautación judicial dispuesta sobre la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea 179 (Breña) propiedad del prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, investigado como parte de la red criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo.
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