La tarde del lunes 1 de julio, el Poder Judicial declaró por instalado el juicio oral contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles. El Comercio conversó sobre la acusación fiscal con Andy Carrión, doctor en Derecho y docente universitario.
—¿Cómo evalúa la acusación por lavado de activos en el Caso Cocteles?
Tengo una apreciación crítica. Lo que se trata de dilucidar ahora es si estos aportes de las campañas del 2011 y 2016 podría constituir el delito de lavado de activos. Es complicado porque, en rigor, sí hay que aceptar que los dineros han partido de Odebrecht, etc., que han financiado la campaña de Keiko Fujimori. Pero hay un doble parámetro para imputar el delito previo.
En el caso de Odebrecht sí se sostiene que estos dineros serían ilícitos, pero no se sostiene lo mismo con los otros. La ley señala que, para que haya dolo en el lavado de activos, uno debe tener conocimiento o al menos sospechar del origen criminal de los dineros.
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—¿Va a ser difícil probar el lavado de dinero?
Va a ser muy difícil que prueben el dolo, que al momento de recibir los dineros tenían conocimiento o sospechaban que eran ilícitos. Otra cosa es que recibidos los dineros, los puedan ‘pitufear’, dar una apariencia de legalidad para que no lo reporten a la autoridad electoral. Ahí viene ya el tema de cócteles, de rifas.
En esa época todos querían recibir dinero de Odebrecht. Pudo haber en el 2011 algunas sospechas, pero nadie tenía certeza de los ilícitos a los que recurría para financiar obras, políticos, etc. El conocimiento es contextual, no posterior. Hoy sabemos cómo funcionaban, hoy.
—¿Y respecto a los empresarios nacionales?
¿Cómo se va a sustentar que, por ejemplo, el solo financiamiento de los 3.5 millones es de bienes ilícitos? Esa es la pregunta. Puede ser que sea irregular, pero lavado como tal, se hace complicado. En el caso de Odebrecht, la defensa niega haber recibido y ahí sí la fiscalía sí creo que tiene más. Existe una mayor proyección de sospechar la ilicitud de los dineros, pero ya reduces el caso, ya no son todos los dineros recibidos por Fuerza Popular, sino diferenciarlos entre Odebrecht y los demás. Lo que va a tener que hacer la fiscalía es demostrar por qué al 2011 Keiko Fujimori y los demás debían sospechar que esos dineros eran ilícitos.
—¿Sería posible que haya una condena por lo de Odebrecht y no por los otros?
Eso podría ser posible. En el caso de los empresarios nacionales no hay una acusación o imputación por otro delito; en el caso de Odebrecht sí hay imputaciones por corrupción. Ahora, otro elemento de la ecuación es que en Brasil se han ido anulando los casos…
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—¿Cómo afectará las decisiones de la justicia de Brasil a este caso?
Creo que va a afectar, pero no a la magnitud en la que se ha señalado. El hecho de que no puedan declarar en nuestro país Jorge Barata, Marcelo Odebrecht y demás, no enerva las declaraciones dadas antes del juzgamiento. Pierden un poco de valor que no vengan los brasileños. Pero lo que sí debilita un poco es el tema del conocimiento.
—¿Cómo califica este extremo de la acusación entonces?
Yo diría que los dineros provenientes de los empresarios peruanos no son ilícitos, al menos la fiscalía no ha proyectado pruebas. La fiscalía tendría que hacer un esfuerzo, en el juicio, por probar que conocían o sospechaban de esos dineros ilícitos de Odebrecht. Hay una diferencia, que va a ser notable en el juicio. He conversado con algunos de los abogados y son de la misma apreciación, que van a cuestionar este tema, porque la fiscalía no ha postulado la ilicitud de los dineros de los bancos, de Confiep. Si no son ilícitos, ¿cómo pudiste lavar un dinero que no lo es? Ahí debería diferenciarse de los aportes de Odebrecht, donde sí habría mayor consistencia.
—¿Y cómo ve los otros delitos por los que se acusa?
Creo que allí hay más sustento. Por esos delitos han sido incluidos los abogados, que habrían realizado coordinaciones para hacer figurar a aportantes cuando no lo fueron. Hay probabilidad de que sí sean condenados por estos delitos. Hay testigos, cruce de documentaciones, reuniones en los estudios de abogados que daban esas indicaciones.
—¿Debieron procesar los aportes como otro delito en lugar de lavado?
El problema es que no les daba. Sería delito de financiamiento ilegal de partido incluso si los dineros son de origen lícito, pero el problema es que esa norma no existía el 2011 ni el 2016. Recién en el 2019 entra en vigencia. Ante la ausencia de esa norma, los fiscales extendieron la imputación del tipo penal del lavado de activos; pero el lavado implica una actividad criminal previa. Eso es textual
—Con todo esto, ¿cuál es su predicción sobre el resultado de este juicio?
Es muy difícil hacer una proyección. El que va a marcar el derrotero es el caso de Ollanta Humala, porque son casos parecidos. Son casos parecidos y es el mismo juzgado. Si el juzgado condena en el caso de Humala, va a tener que condenar a Keiko Fujimori; si absuelve a Ollanta, van a tener que absolver también a Keiko por lavado, porque en los otros delitos quizás puede haber sentencia condenatoria.
Mi proyección es cautelosa. Sí podría haber una condena por los otros delitos. Y si la hay por lavado, diría que sería lavado únicamente de Odebrecht y no de las empresas nacionales. La fiscalía tiene dos retos: probar que los dinero son ilícitos, que provienen de una actividad criminal previa. Eso lo exige el tipo penal. El segundo resto es demostrar que los que recibieron los aportes sabían o podían presumir la ilicitud del dinero.
—¿Lo ve difícil?
Lo veo complejo, pero sí podría probarse en lo vinculado a Odebrecht, no así a los otros empresarios. El problema es que el caso ha sido muy global, es vital realizar la diferenciación. Si la fiscalía dice que un banco ha financiado a Fuerza Popular, ¿qué tiene eso de origen criminal previo? En cambio, sí dice que Odebrecht ha financiado y ha desplegado figuras criminales como colusión, cohecho.
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