Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), consideró que la propuesta del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, de desactivar dicho organismo sería una “decisión desacertada y muy peligrosa”.
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En diálogo con RPP TV, recordó que en Bolivia el Tribunal Plurinacional fue elegido mediante elecciones democráticas, pero terminó comprometido con el gobierno de Evo Morales e incluso lo habilitó para postular indefinidamente en las elecciones.
“Forma parte del debate político. También es cierto que sería una decisión, a mi juicio, desacertada y muy peligrosa. Hay que considerar el escenario de una reforma constitucional”, expresó.
“Hay países como el caso de Bolivia, donde el Tribunal Plurinacional es elegido por elecciones democráticas, pero en realidad, según la experiencia boliviana, terminó comprometido políticamente de un modo extremadamente próximo y vecino al gobierno de Evo Morales, al punto que lo habilitó indefinidamente para las elecciones”, añadió.
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En ese sentido, Ramos Núñez estimó que la propuesta de Pedro Castillo estaría “inspirada” en la experiencia boliviana, aunque refirió que se podría integrar a un representante de los pueblos indígenas al TC mediante una reforma constitucional.
“Tengo que ciertamente guardar el principio de neutralidad, pero lo que yo advierto es que habría una inspiración en la experiencia boliviana. Es posible que haya otras formas de representación que podrían hacerse vía reforma constitucional, de pronto un representante de los pueblos indígenas podría integrarse al TC”, acotó.
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“Pienso que la tarea del Tribunal Constitucional es básicamente una labor de carácter técnico, pero cabe la posibilidad de que vía reforma pueda incorporarse alguien, pero soy de la idea que sea un abogado o un constitucionalista”, agregó.
Finalmente, Ramos Núñez indicó que en caso se desactive el TC, como propuso Pedro Castillo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repondría a los magistrados del mediante una medida cautelar, tal como ocurrió en 1997, cuando el Congreso destituyó a tres de sus integrantes.
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