‘Gabinete en la sombra’ seguirá con detención preliminar

El Poder Judicial rechazó este miércoles las apelaciones con las que cuatro presuntos integrantes del Gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo buscaban que se revocaran sus órdenes de diez días de detención preliminar, las cuales están vigentes desde el martes 11 de octubre. Todos ellos seguirán recluidos al menos hasta este viernes y seguirían en esa condición si la fiscalía pide prisión preventiva para ellos antes de que expire la medida.

Así, permanecerán detenidos Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda; Auner Vásquez, exjefe del gabinete técnico de Castillo; y el empresario chotano Abel Cabrera; mientras que Alejandro Sánchez, el prófugo dueño de la casa del jirón Sarratea, seguirá con orden de detención.

LEE TAMBIÉN: Miedo en la primera fila. Una crónica de Fernando Vivas sobre los temores palaciegos

Eder Vitón, exasesor del gabinete técnico del presidente que también fue detenido por este caso, inicialmente había apelado, pero luego retrocedió y ayer la sala aprobó su desistimiento. Biberto Castillo, exasesor de la presidencia y otro de los recluidos por este caso, optó por no apelar.

Así fue la lectura de resolución

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró infundados los recursos y confirmó las detenciones. Estas habían sido ordenadas la semana pasada por el juez Víctor Zúñiga.

En una audiencia realizada el martes, en la cual se debatieron estas apelaciones, las defensas de Marrufo, Vásquez, Cabrera y Sánchez alegaron que la detención no fue bien fundamentada. Además, sostuvieron que el juez copió y pegó buena parte del requerimiento que le presentó el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder para ordenar esta medida.

Esto fue rechazado por el Ministerio Público, que defendió que la decisión del magistrado Zúñiga sí estuvo correctamente sustentada.

Así fue el debate de las apelaciones

En su resolución, que fue leída en audiencia por el juez superior Víctor Enríquez Sumerinde, la sala rechazó todos los argumentos presentados por los abogados. Consideraron que sí había “elementos plausibles” –en el ámbito de investigación preliminar– que vinculan a los cuatro investigados con los delitos que les atribuye la fiscalía. Estos incluyen organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

La sala también indicó que sí había el nivel de peligro de fuga necesario para que se dictara la detención preliminar. Asimismo, determinó que la medida era adecuada y necesaria para asegurar las indagaciones del Ministerio Público a estos investigados, señalados como supuestos integrantes (operadores, coordinadores o financistas) de la red criminal que presuntamente dirige el presidente Castillo.

“[La orden de detención] fue emitida de acuerdo a los parámetros mínimos que exige el debido proceso, pues en el caso se presentan los presupuestos materiales exigidos para detención preliminar. Y, además, la medida es proporcional y razonable respecto a los cuatro”, concluyó la sala en su resolución.

Esta es la resolución de la sala

Otro de los investigados por el caso del Gabinete en la sombra es Beder Camacho, ex subsecretario general del despacho presidencial, para quien no se pidió detención.

A las 2:30 p.m. de este miércoles, poco antes de que conociera el resultado de las apelaciones de sus coinvestigados, Camacho acudió a la sede de la fiscalía junto a su abogado.

El exfuncionario se retiró alrededor de las 4:45 p.m. A su salida, indicó que había ido a declarar y que se ratificó en la denuncia de amenazas de muerte en su contra. “He solicitado a la fiscal de la Nación que se me brinde la protección de caso”, aseguró. En una entrevista previa, había responsabilizado de las amenazas a “la organización criminal que están investigando”.

Consultado sobre sus visitas a embajadas cuando trabajaba en Palacio de Gobierno, respondió que ese era un tema reservado. “Lo que hemos hecho es cumplir con el deber que tenemos todos los ciudadanos de decir la verdad, de lo que nos pregunta la fiscalía. Mi lealtad es a mi familia, a mi país”, agregó.

Luego, en declaraciones a RPP, Camacho respondió que está “colaborando como imputado” con las investigaciones, cuando le preguntaron si se había sometido a la colaboración eficaz. También reconoció que pudo haber “cometido un error” al “hacer algunas cosas”, pero que no robó “ni un sol”.

En tanto, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para este jueves 27 de octubre la audiencia en la que evaluará la tutela de derechos con la que Castillo busca anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación en su contra.