Beder Camacho y sus gestiones en dos embajadas: ¿serían o no viables los eventuales asilos?

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El colaborador narró que Beder Camacho, ex subsecretario general de la Presidencia, se encargaría de gestionar y realizar los trámites. También se había buscado la Embajada de México. Sin embargo, como demoraba, Pacheco decidió entregarse el 23 de julio.

En tanto, diversos programas dominicales difundieron videos que corroborarían dichas visitas a las sedes diplomáticas del exsubsecretario del Despacho Presidencial. Las filmaciones corresponden a los días 18 y 19 de agosto de este año.

Tras conocerse esos detalles, El Comercio consultó con el exministro del Interior Rubén Vargas y el exviceministro de Justicia Gilmar Andía. Bruno Pacheco, quienes señalaron que los sobrinos del presidente no cumplirían con los criterios para solicitar un asilo político, debido a que no están siendo perseguidos por sus posiciones o ideologías políticas.

Los exfuncionarios agregaron que las visitas de Beder Camacho a las embajadas de México y Venezuela para presuntamente gestionar dichos asilos probarían que desde el Ejecutivo se está haciendo uso del poder político para la obstrucción de la justicia.

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El extitular de la cartera de Interior Rubén Vargas explicó que asilo es una figura que sirvió, sobre todo en Latinoamérica, para “proteger y auxiliar a las personas que eran perseguidas por las dictaduras como consecuencia de sus ideas políticas”.

“Estamos hablando de que quienes persiguen son regímenes autoritarios y de facto, como consecuencia de haber asaltado el poder con mecanismos inconstitucionales”, añadió.

Según el exministro, en el caso de Pacheco y los sobrinos del presidente, “estamos, según fiscalía, ante integrantes de una posible organización criminal, cuya cabeza sería el presidente de la República, que, para eludir las investigaciones y las responsabilidades consecuentes, aprovechando su posición de poder, ha pretendido entorpecer las investigaciones buscando el asilo o desnaturalizando el asilo en embajadas de países, que- según él - podían acogerlos”.

“Estamos hablando de delitos comunes, no de ideas políticas, estos delitos están vinculados a la corrupción en el poder. Entonces, no estamos frente a la protección que en efecto se daba a los perseguidos políticos sino a la decisión del presidente de la República de eludir las investigaciones del Ministerio Público. Hay una gran diferencia y una responsabilidad directa del jefe de Estado”, subrayó Vargas.

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Para el exjefe del sector Interior, “si alguna de las embajadas con quienes hicieron contacto hubiese concedido el asilo, sin duda se hubiese generado un serio problema diplomático no con Castillo sino con el resto de la institucionalidad” y “la Cancillería hubiese estado en un serio problema” si apoyaba esta posición del presidente de señalar que “en el Perú hay persecución política por ideas”.

“Esta es la prueba absolutamente clara de cómo es presidente está tomando decisiones no en función de los intereses del país, sino en función de ese triste papel que estaría jugando como cabeza de una organización criminal”

Rubén Vargas, exministro del Interior

Agregó si ello hubiese ocurrido, “estaríamos frente a una situación inédita”, debido a que quien denuncia dicha persecución “es quien tiene el poder político”.

“Ese conjunto de situaciones nos hubiese convertido en un Estado bananero, en el hazmerreír de la comunidad internacional”, manifestó el exfuncionario.

Vargas señaló también que “la intención del presidente de la República es buscar mecanismos para eludir la responsabilidad penal de los miembros de esa estructura criminal”.

“Queda claro que el presidente Pedro Castillo, como cabeza de esa estructura criminal (según señala la fiscalía) es el que tomó la decisión para afectar las investigaciones, primero apoyando el pase a la clandestinidad de Bruno Pacheco y buscando este mal llamado asilo político”, aseveró.

A criterio del exministro, “esta es la prueba absolutamente clara de cómo es presidente está tomando decisiones no en función de los intereses del país, sino en función de ese triste papel que estaría jugando como cabeza de una organización criminal”.

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Por su parte, Gilmar Andía calificó el hecho de “insólito”.

“Que una persona tenga condición de asilado en un país es un pedido personalísimo porque lo que se evalúa justamente es la situación especial de esa persona respecto del país de donde quiere salir y se le asila para protegerlo”, indicó.

Según Andía, “nos encontramos, evidentemente, ante un caso de uso del poder político para la obstrucción de la justicia” debido “al hecho de que intervenga un asesor o un funcionario público por orden de un presidente”.

“Nos encontramos, evidentemente, ante un caso de uso del poder político para la obstrucción de la justicia”

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia

“Esto no es normal ni regular. Diría yo que es hasta ilegal que el presidente a través de sus funcionarios esté tratando de ejecutar medidas para sustraer de la justicia a personas investigadas como Bruno Pacheco y sus sobrinos. Es un caso evidente de obstrucción de la justicia”, remarcó.

A juicio de Andía, el jefe de Estado quiso “apelar a esta cercanía política con los presidentes de México y Venezuela para obtener un resultado positivo” y “esta situación es un agravante, el uso del poder político para sustraer a alguien de la justicia, hace evidente esta forma de operar desde el poder”.

De haber ocurrido, dijo el especialista, “hubiésemos quedado como un país en el cual el presidente utiliza su poder para cubrir situaciones delictivas.”

“Hubo un comunicado de las fiscalías de Latinoamérica mostrando su preocupación, con esto ya te das una idea de cómo nos están viendo como país. Este asilo no hubiese hecho más que reafirmar el convenio entre Castillo y Maduro como una izquierda que está perdiendo poder en Latinoamérica”, sentenció.

Este es el comunicado al que hace referencia Andía:

“Las condiciones para ser asilado en general es que demuestres que eres una persona que está siendo perseguida y tu vida y tu salud física y mental y la de tu familia se encuentren en riesgo por razones de ideología política [...] Por ejemplo, el caso de la persecución de Pinochet a la izquierda chilena. Esas condiciones son evaluadas de manera individual”, acotó.

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Como se recuerda, en agosto, el Ministerio Público anunció que amplió la investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal y que incorporó como investigados a Beder Camacho y Eder Vitón.

La fiscalía informó, además, que Beder Camacho también sería investigado por la presunta comisión del delito de encubrimiento persona en calidad de autor, por la fuga de Bruno Pacheco. El exsubsecretario del Despacho Presidencial también es parte de las pesquisas po el caso “Gabinete en las Sombras”.

Camacho dice que recibió amenazas

Responsabiliza a la presunta organización criminal que es investigada por fiscalía

• En diálogo con Exitosa, Beder Camacho aseguró que recibió amenazas telefónicas. "La semana pasada yo he recibido amenazas, recibí una llamada amenazante. Son cosas que no se sabe de dónde vienen, pero si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde ha salido ese atentado", dijo.
• "Yo hago responsables a los miembros de la organización a la cual se está investigando sobre esta amenaza que he recibido", afirmó en otro momento.
• Además, pidió a fiscalía garantías para su familia. “Si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. He hecho una protección y si a mi me pasa algo automáticamente saldrán los videos”, finalizó.