El Poder Judicial (PJ) definirá si corresponde o no levantar la inmunidad parlamentaria del congresista de Alianza Por el Progreso (APP), Humberto Acuña, a fin de que sea procesado penalmente por las presuntas irregularidades en el Proyecto Especial Olmos Tinajones (Trasvase Olmos) vinculado a Odebrecht; y que se le imponga la medida de impedimento de salida del país.
El Equipo Especial Lava Jato, desde marzo de este año, busca que el parlamentario sea sometido a un proceso tras formalizar la investigación en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y colusión agravada el 2 de marzo del 2020.
No obstante, hasta el momento no ha podido concretar sus pretensiones debido a las discrepancias que existe en el Poder Judicial (PJ) por la inmunidad parlamentaria. A ello, se suma la posición de la defensa de Humberto Acuña, que considera que sea el Congreso de la República el que autorice su procesamiento penal.
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Por ello, la jueza María del los Ángeles Álvarez Camacho convocó el último martes a una audiencia -que no fue transmitida de manera pública- para analizar si corresponde procesarlo sin disponer el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. O, de lo contrario, elevar el caso a la Corte Superior de Justicia Especializada en Criminalidad Organizada y Anticorrupción, a fin de que esta remita el caso ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema y luego al Congreso.
Ello, en cumplimiento a lo dictado por la Primera Sala Superior Nacional de Apelaciones Anticorrupción, quien ordenó que se realice una audiencia para analizar los alcances de la inmunidad parlamentaria antes de decidir si corresponde o no procesarlo y dictarle impedimento de salida del país.
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La jueza Álvarez Camacho, en marzo de este año, ya había rechazado el pedido para imponer el impedimento de salida del país contra Humberto Acuña, alegando que le asistía la inmunidad parlamentaria.
Según la norma, si la magistrada dispone elevar el caso de Humberto Acuña para que sea el Congreso de la República el que disponga la autorización para su proceso, la investigación en el Ministerio Público contra el representante de APP, quedará suspendida.
Para el Equipo Especial Lava Jato, la inmunidad parlamentaria no le asistiría al congresista de Alianza Por el Progreso debido a que se trata de delitos cometidos durante su función de expresidente regional de Lambayeqye, condición por la cual no le alcanza el artículo 99 de la Constitución.
La fiscalía busca esclarecer la aplicación o no de la inmunidad a fin de que la magistrada vuelva evaluar su pedido de impedimento de salida del país contra el congresista.
La investigación contra Acuña Peralta se dispuso luego que ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, Willy Serrato Puse, declaró ante la fiscalía que el exgobernador regional intervino en la controversia suscitada entre el Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Especial Olmos Tinajones y la concesionaria Trasvase Olmos (empresa de Odebrecht) y habría concertado con la empresa brasileña. A cambio, se le habría entregado una dádiva en una reunión con Raimundo Trindade Serra (Odebrecht) en el Swiss Hotel en el año 2013.
Además, habría suscrito una tercera adenda al contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase Olmos en la que se incorporó modificaciones al contrato original con lo que se habría favorecido los intereses y pretensiones de la concesionaria; perjudicando el patrimonio del Gobierno Regional de Lambayeque.
-Congreso debe autorizar-
Alfonso Casique Bazán, defensa de Humberto de Acuña, consideró que la fiscalía no cumplió con explicar los elementos de convicción para vincular a su patrocinado con los hechos imputados.
Además, que no existe un correlato de la presunta participación de su patrocinado con los presuntos delitos imputados. Cuestionó que en los elementos presentados por la fiscalía se use la propia declaración de Acuña en su contra.
Alegó también que se ha presentado un testigo de referencia sobre los presuntos pagos de la empresa Odebrecht, pero no se le ha preguntado al funcionarios brasileño sobre ese argumento.
En diálogo con El Comercio, Casique Bazán sostuvo que a su patrocinado le asiste la inmunidad parlamentaria ya que asume el cargo como congresista el 28 de febrero del 2020.
“Y, la fiscalía formaliza la investigación el 2 de marzo de 2020, es decir, posterior. Entonces sí existe la inmunidad parlamentaria para el señor Acuña”, anotó.
Por tanto, indicó que la fiscalía debe cumplir con demostrar los graves y fundados elementos de convicción. Y si ello es así, se puede seguir con el trámite de levantamiento de inmunidad ante el Congreso de la República.
“La defensa dice que sí le alcanza la inmunidad y de eso existe jurisprudencia de la Corte Suprema”, insistió.