Desde julio del 2020, la Junta de Fiscales Supremos -que tiene a su cargo el manejo administrativo del Ministerio Público (MP)- ha venido operando con tres de los seis miembros titulares.
Ello, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -responsable de la selección y nombramiento de jueces y fiscales- destituyera al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry; y suspendiera al fiscal supremo Tomás Gálvez, por sus presuntas vinculaciones a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, entre otros comportamientos no acordes a la ética.
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Así las cosas, las decisiones globales de la institución como la elaboración y aprobación del pliego presupuestal, o cambios normativos han venido siendo definidas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y los fiscales supremos Pablo Sánchez y Víctor Rodríguez Monteza.
Como explicaremos más adelante el sexto integrante de la Junta de Fiscales Supremos es Luis Arce Córdova, pero está designado ante el JNE.
Fuentes de la institución comentaron a El Comercio que los tres han venido reuniéndose de manera virtual cuando era necesaria la toma de decisiones al interior de este órgano del MP.
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Pero ¿Por qué a más de medio año aún no se ha podido recomponer la Junta de Fiscales Supremos?
El Comercio conversó con funcionarios del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia a fin de conocer cuál era la situación actual de los nombramientos de fiscales supremos titulares. Coincidieron en que no será una tarea a corto plazo, aunque la intención es que se realice lo más pronto posible.
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Cinco en la práctica
Por disposición de su Ley Orgánica, uno de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos desempeña funciones como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El encargo, en este caso, lo tiene el fiscal supremo Luis Arce Córdova, que al estar designado ante el JNE no tiene poder de decisión dentro de la administración del MP.
El fiscal supremo, por estos días, también está sujeto a un proceso disciplinario ante la JNJ, que podría llevarlo a la destitución.
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De allí que la Junta de Fiscales Supremos -integrada únicamente con fiscales supremos titulares designados por la JNJ- venía siendo constituida en la práctica, por cinco de los seis integrantes.
A la cabeza, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; por la Primera Fiscalía Suprema Penal el fiscal supremo y exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde; y en la Fiscalía Suprema en lo Civil el fiscal supremo, Víctor Rodríguez Monteza.
Este último también está siendo disciplinariamente dentro de la JNJ por hechos que presuntamente lo vinculan al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Dentro de la Junta de Fiscales Supremos también tenían una silla el representante de la Segunda Fiscalía Suprema Penal que estaba a cargo de exfiscal supremo Pedro Chávarry y la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo de Tomás Gálvez.
Tras la salida de ambos, sus puestos fueron ocupados por sendos fiscales supremos adjuntos.
La sexta silla la ocupaba el representante de la Fiscalía Suprema de Control Interno que también es administrada por un fiscal adjunto supremo.
Solo fiscales supremos titulares pueden integrar la Junta de Fiscales Supremos, por lo que esta actualmente quedó a cargo de Ávalos Rivera, Sánchez Velarde y Rodríguez Monteza.
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Destitución por confirmar
Por tanto, los otros tres lugares deberían ser ocupados por tres fiscales supremos titulares. No obstante, por el momento ello no es posible.
En primer lugar, porque el proceso de destitución del fiscal supremo Pedro Chávarry, aún no ha concluido.
Si bien el pasado 1 de febrero, la Junta Nacional de Justicia -por unanimidad- resolvió destituir al exfiscal de la Nación por faltas muy graves a la ética y carrera fiscal, aún está pendiente de resolver la reconsideración que este formuló ante el pleno de la JNJ.
Fuentes de dicha institución explicaron que sin esta última etapa no pueden proceder a la convocatoria de concurso. Ello, tomaría como máximo dos meses más.
Luego, vendría el proceso de convocatoria y selección que llevaría el tema hasta medio año, si aspectos como la pandemia, lo permiten.
Lo mismo sucede en el caso del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, quien por el momento continúa con una medida de suspensión en el cargo aplicada por la JNJ, mientras se concluye con su proceso disciplinario.
Las fuentes informaron a El Comercio que la audiencia para definir si es destituido o no, se ha programado para el 15 de marzo próximo. Incluso, explicaron, si es destituido, al igual que Chávarry, se deberá esperar hasta resolver cualquier impugnación que presente ante la decisión que pueda adoptar el pleno de la JNJ.
Así, dos de las tres plazas dentro de la Junta de Fiscales Supremos, aún están sin definición de ser reemplazadas a corto plazo.
Fiscalía suprema desaparecerá
Mientras que, en el caso de la Fiscalía Suprema de Control Interno, la sexta plaza dentro de la Junta de Fiscales Supremos estaría destinada a desaparecer tras la creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Según explicaron desde la JNJ, “todas las funciones de la fiscalía Suprema de Control Interno son asumidas por la Autoridad Nacional de Control y el cargo de la fiscalía Suprema de Control, desaparece”.
Dicho órgano tendrá el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal del Ministerio Público, salvo el caso de los fiscales supremos que es competencia exclusiva de la JNJ.
Cuando se nombre a una persona a cargo de Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, esta tendrá el rango de fiscal supremo titular; no obstante -aclararon- no integrará la Junta de Fiscales Supremos.
Entonces, solo quedarían cinco puestos dentro de la Junta de Fiscales Supremos a cargo de la administración del Ministerio Público.
Desde hace años, existe la intención desde el Ministerio Público para crear una Fiscalía Suprema Anticorrupción con titularidad en el cargo -lo cual lo haría integrante de la Junta de Fiscales Supremos- pero que debe ser aprobado por el Congreso.
Una idea similar ya fue rechazada en mayo del 2019.
Se debe fortalecer autonomía institucional
Según el abogado Carlos Caro, el nombramiento de fiscales supremos titulares dentro del Ministerio Público, que integren la Junta de Fiscales Supremos en reemplazo de Pedro Chávarry; y de ser el caso de Tomás Gálvez, es necesaria pues continuar con un número mínimo integrantes pone en riesgo la autonomía institucional.
Recordó que desde el Congreso de la República se amenazó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos con denunciarla constitucionalmente.
“Es una cosa que considero urgente porque si no se acaba descabezando el Ministerio Público; y una Junta de Fiscales Supremos con solo dos titulares es como tener a una Corte Suprema con dos personas”, remarcó.
Además, consideró importante que las fiscalías supremas las asuman titulares y no provisionales.
“Justamente la provisionalidad conspira contra la independencia y autonomía del ministerio público, porque son personas puestas por la fiscal de la Nación, y las reglas no son para la actual fiscal de la Nación; sino lo han sido para todos. Imagínate a Chávarry en el poder ¿a quiénes nombraría? Lo ideal, constitucionalmente, es que esas plazas sean cubiertas por titulares”, anotó.
De otro lado, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva dijo que una Junta de Fiscales Supremos completa es importante pues “es un órgano de gobierno del Ministerio Público y deliberativo” cuyas funciones están señaladas en la Ley Orgánica del MP.
Recordó que esta mantiene el buen funcionamiento y distribución de fiscales, conversión y creación de plazas fiscales necesarias. Por ello, puntualizó que la JNJ debe arribar a una sanción firme en los procesos que se siguen contra Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza.
“En la medida que se produzcan vacantes, cuando se defina la situación de los fiscales que en este momento hay un fiscal esta destituido, otro aún procesado y con suspensión; y otro en funciones, pero investigado; debe convocarse a concurso inmediatamente”, dijo.
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