Proceso contra Martín Vizcarra se acerca al juicio oral: el 30 de octubre será la audiencia de control de acusación

El principal proceso penal contra Martín Vizcarra entra este mes a una nueva etapa decisiva. El Poder Judicial programó para el próximo lunes 30 de octubre el inicio del control de acusación y sobreseimiento contra el expresidente por el caso de los presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. En su requerimiento, la fiscalía pide 15 años de prisión en su contra por supuestamente haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos.

El control de acusación, también conocido como etapa intermedia, es la fase en la que un juez decide si un caso cumple los requisitos de forma y de fondo para pasar al juicio oral, donde finalmente se decide si una persona es culpable o inocente. Los casos de Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, por ejemplo, culminaron este año sus respectivos controles de acusación, en los que se decidió que ambos procesos debían pasar a etapa de juzgamiento.

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En el caso de Martín Vizcarra, según consta en una resolución a la que accedió El Comercio, la jueza Margarita Salcedo citó a la fiscalía, la defensa del expresidente y a la procuraduría para la primera audiencia de esa etapa. La diligencia es inaplazable y se desarrollará de forma virtual desde las 10:00 a.m. de ese día.

El documento también detalla que el requerimiento presentado contra Martín Vizcarra es mixto. Es decir, tiene una parte en la que se le acusa por el delito de cohecho pasivo propio y otra donde se pide el archivo (sobreseimiento) de la investigación que se le seguía por otros: asociación ilícita, colusión y usurpación de funciones. También se pidió archivar la indagación por este último delito a otro procesado, José Luis Nuñez Herrera.

Usualmente, durante un control de acusación, el Poder Judicial resuelve primero la parte del sobreseimiento. Por lo tanto, se espera que en este caso se disponga primero el archivo de esos tres delitos antes de ver el de fondo: el cohecho o los sobornos de empresas por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

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En las audiencias, el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, presentará ante la juez su acusación, resumiendo los hechos, el delito y la pena que solicitada para el expresidente. Luego, el juez evaluará las observaciones que pueda hacer la defensa, tanto los posibles errores de forma en la acusación como los pedidos que puedan hacer para que esta se archive antes de llegar de juicio. Esas etapas se conocen como control formal y control sustancial, respectivamente.

Si la acusación supera el control formal y sustancial, el caso habrá cumplido los requisitos para pasar a juicio oral. Solo faltaría que la jueza analice las pruebas presentadas por la fiscalía, la defensa y la procuraduría para determinar si serán útiles para dicho juicio. Esa fase es la de admisión de pruebas. Culminada esa revisión, la magistrada debería emitir un documento conocido como auto de enjuiciamiento, con el que se ordena formalmente que todo vaya a juzgamiento.

La etapa de control de acusación no tiene un plazo máximo o mínimo de duración. Usualmente, dependen de la complejidad del caso: el número de acusados, los delitos atribuidos y el número de pruebas, así como de la rapidez del magistrado a cargo y la frecuencia de las audiencias. En el caso de Keiko Fujimori, con más de 40 acusados, el control duró cerca de dos años; mientras que en el de Alejandro Toledo, con siete acusados, duró menos de dos meses.

En el caso de Martín Vizcarra, él es el único acusado y se trata de un solo delito. Por ello, se prevé que el control avance más rápido que en otros casos ligados a expresidentes o altos funcionarios. Sin embargo, también hay cuatro empresas (Obrainsa, ICCGSA, Antalsis e Incorr) incluidas como terceras civiles responsables. Es decir, se les cobraría una reparación civil si el proceso termine en una condena.

En la acusación fiscal, se solicita una pena de 15 años de cárcel para el exmandatario por el delito de cohecho pasivo propio y su inhabilitación por nueve años para ejercer la función pública. De acuerdo con el Ministerio Público, el expresidente recibió S/ 1 millón por el proyecto Lomas de Ilo, realizado por un consorcio formado por Obrainsa y Astaldi; y 1,3 millones por el Hospital de Moquegua, realizada por ICCGSA e Incot.

Martín Vizcarra y sus abogados niegan que este haya recibido ese dinero y han defendido su inocencia desde que el caso salió a la luz en octubre del 2020, en un reportaje de El Comercio. El testimonio de un colaborador eficaz desde donde partió el señalamiento se dio como parte del caso ‘Club de la Construcción’, vinculado a presuntos actos de corrupción de constructoras peruanas.

La indagación al expresidente comenzó ese mismo mes. En marzo del 2021, la investigación se formalizó y se pidió prisión preventiva en su contra. El Poder Judicial rechazó el pedido al no hallar peligro de fuga. Sin embargo, al considerar que sí había sospecha grave de que cometió el delito, le impuso comparecencia con restricciones mientas dure el proceso, medida que se mantiene hasta hoy. Por ello, el expresidente debe pedir permiso a la jueza para poder salir de Lima.

En diciembre del 2022, la fiscalía culminó la investigación y presentó luego su acusación. Desde entonces, se estaba a la espera de que el Poder Judicial convoque al inicio del control, lo que finalmente ocurrió casi 10 meses después. En el camino, tal como reportó este Diario, Martín Vizcarra intentó anular la acusación en su contra, pero la jueza Salcedo rechazó su solicitud.