El juez Richard Concepción Carhuancho anunció que se reservará el trámite de las tutelas planteadas por la defensa de Mateo Castañeda hasta que se resuelvan las recusaciones presentadas por varios de los investigados en el caso los “Waykis en la sombra”.
Como se recuerda, las recusaciones fueron presentadas por las defensas técnicas de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, además de Jorge y Noriel Chingay Salazar.
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El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional sustentó su decisión señalando que los recursos presentados por el exabogado de la mandataria no se encuentran dentro de los motivos para llevar a cabo la audiencia de inmediato.
Esto en razón a que versan sobre diversos asuntos, como inmovilización de teléfonos celulares, acceso a la totalidad de registros, incorporación a la carpeta fiscal de la totalidad de información, etc.
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“Es decir, no tienen incidencia directa, no versan sobre un tema directo que tiene que ver con la libertad de un imputado”, señaló Carhuancho, aclarando que la defensa técnica puede plantear cualquier tema vinculado respecto a la imputación, la relevancia penal de los hechos o el caudal probatorio.
Cabe indicar que Nicanor Boluarte y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar presentaron sendas recusaciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho alegando “dudas sobre su imparcialidad”.
El caso
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva contra un grupo de investigados por el caso conocido como Los ‘Waykis en la sombra’.
Entre ellos se encuentran Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda, quien ejerció hasta mayo pasado la defensa legal de la mandataria.
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La solicitud de Eficcop también alcanza a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.
Nicanor Boluarte es sindicado por la fiscalía como líder una organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumió la presidencia.
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Al hermano de la jefa de Estado se le imputa haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.
En tanto, a Mateo Castañeda se le atribuye haber sido parte de un presunto plan para que se archive la investigación a Nicanor Boluarte, a través de ofrecimientos ilícitos a integrantes del desactivado Equipo Especial de la Policía que apoyaba las labores del Eficcop.
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