El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
En su resolución, el juez supremo Juan Carlos Checkey Soria señaló que no concurren los presupuestos procesales requeridos para el dictado de la medida restrictiva por el plazo de 36 meses.
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Asimismo, indicó que no existen elementos de convicción suficientes respecto a los seis hechos por los que, en este caso concreto, se le investiga a Patricia Benavides y que la medida sea indispensable para la indagación de la verdad.
Del mismo modo, para Checkley no se advierte que exista peligro de fuga, toda vez que no se ha puesto de manifiesto la existencia de algún plan de fuga y enfatiza que la exfiscal de la Nación acredita tener arraigo familiar, domiciliario y laboral.
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“La investigada ha concurrido a las diligencias fiscales programadas, no pudiendo valorarse en su contra manifestaciones del ejercicio legítimo del derecho a la defensa, como son la interposición de tutelas de derecho, la reprogramación de diligencias o la negativa a entregar voluntariamente su equipo telefónico”, subrayó.
“La gravedad de la pena, la magnitud del daño y la supuesta pertenencia a una organización criminal, deben examinarse conforme a la insuficiencia de los elementos de convicción que sustentan el requerimiento y la conducta procesal adecuada por parte de la investigada y su defensa”, agregó.
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Finalmente, el juez afirma que no se ha justificado por qué bajo las circunstancias propias del caso, de no dictarse el impedimento de salida, no se podría continuar con las diligencias preliminares, u otras fases del proceso contra Patricia Benavides.
Como se recuerda, la suspendida fiscal suprema es investigada por el presunto delito de organización criminal. La solicitud había sido presentada por la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
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Benavides Vargas es investigada por negociar el voto de un grupo de congresistas para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la designación del defensor del Pueblo.
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