(Editorial) Apagar otro incendio

El feroz incendio de una fábrica de motocicletas en La Victoria ha vuelto a poner sobre el tapete una problemática antigua: la situación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Historias como la del bombero herido que inicialmente no fue atendido hospitalariamente por no tener un seguro son ejemplos escandalosos de la precariedad en la que prestan sus servicios nuestros bomberos. Escandalosos, particularmente tomando en cuenta que se trata de personas que trabajan voluntariamente (sin paga) y que ponen muchas veces sus vidas en riesgo para salvar otras vidas. Además de lo efectivos que son en su labor: el año pasado nuestros bomberos se ocuparon, por ejemplo, de 62.297 emergencias médicas (de esas a las que suelen ser, de lejos, los primeros en llegar).

Esta precariedad, por otra parte, parece ser una situación de alcance nacional. En Arequipa, verbigracia, solo hay trajes en buen estado para 40 de los 220 bomberos que tiene la región. En el Cusco, por su parte, la autobomba de los bomberos tiene 30 años de uso y presenta varias fallas. Y en Trujillo, el 80% de las unidades ya cumplió su ciclo de vida y ni siquiera opera.

Los dedos acusadores que intuitivamente culpan al Gobierno de esta situación, sin embargo, parecen estar equivocados. Y es que, por lo pronto, el presupuesto que le otorga anualmente el Estado a la institución ha aumentado en 130% desde el 2009 (de S/.57 millones a casi S/.135 millones), habiendo experimentado sus mayores aumentos en este gobierno. Por otra parte, el año pasado los bomberos solo ejecutaron el 12% de su presupuesto de inversión (del que dependen muchos de los problemas de equipos arriba mencionados).

Desde luego, es posible que nuestros bomberos requieran de más presupuesto que el que ya tienen. Pero, al menos mientras no utilicen por completo los recursos de los que sí disponen, es más factible que tengan como principal problema a quienes se ocupan de su gestión.

VERDAD Y PRESUPUESTOS Cuando Gregorio Santos lideró el cargamontón que acabó deteniendo la inversión de US$4.800 millones del proyecto Conga, lo hizo en nombre del medio ambiente y de “el agua de los campesinos”. Desde el comienzo, sus argumentos parecían ser lo que los peritos internacionales luego confirmaron que eran: mentiras sin ningún sustento técnico.

Pues bien, el propio señor Santos acaba de dar otra elocuente muestra de cuánto pesan en realidad estos temas en sus preocupaciones internas. Después de todo, existen pocas mejores formas de conocer las (verdaderas) prioridades de las personas que viendo sus listas de gastos. Y la lista de gastos del señor Santos muestra escaso –por no decir ningún– interés en estos asuntos.

En efecto, a medio mes de terminar el año el señor Santos ha ejecutado el 33,4% del dinero con el que contaba para la “gestión sostenible de recursos naturales y biodiversidad biológica” y el 38% de los recursos que tenía para proyectos de “aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario” (“el agua de los campesinos”).

No se piense que esto se debe a alguna inevitabilidad burocrática propia del sistema: la región San Martín, por ejemplo, ha ejecutado en el mismo lapso más del 80% de su presupuesto medioambiental.

Ahí no acaba, por lo demás, la información que sus gastos contienen sobre la sistemática mendacidad del señor Santos. Lo de las obras hídricas para el agro fue una promesa de campaña cuyo incumplimiento ha venido generando una gran insatisfacción. ¿Cómo ha combatido Santos este descontento? Pues diciendo que las obras no se hacen porque no hay presupuesto debido a que el Gobierno Central “discrimina” a Cajamarca. Y de la misma forma explica su incumplimiento de su otra gran promesa electoral: los hospitales. ¿Qué dirían sus electores si supieran que este año solo ha ejecutado porciones ridículas del dinero que tenía para la implementación de los hospitales de Cajabamba (13,7%), Santa María (0,1%) y Jaén (24,6%)?

Por sus presupuestos, en fin, los conoceréis.