(Editorial) El costo de un alfil

La encuesta nacional urbana El Comercio – Ipsos que publicamos ayer sigue confirmando la tendencia al descenso de la popularidad del presidente Ollanta Humala. En esta oportunidad, esta llegó a su punto más bajo desde que se inició su gobierno, al conseguir tan solo un 26% de aprobación, un punto menos que en setiembre. Esta situación se revela aun más complicada cuando se advierte que, además, el gobierno solo tiene un magro 19% de aprobación y el primer ministro un preocupante 13%.

Esta caída, por supuesto, no solo debería preocupar al señor Humala, sino también a todos nosotros. Después de todo, una baja popularidad presidencial supone riesgos de gobernabilidad y dificultades para impulsar cualquier reforma o proyecto que pueda beneficiar al país.

Ahora, si algo podría aumentar la velocidad de la mencionada caída, sería que se empiece a ver al gobierno como uno que apaña la corrupción. En el caso del Congreso, por ejemplo, este último defecto (como bien apuntó ayer Alfredo Torres) explica que su aprobación esté por el sótano: solo el 9% de los encuestados aprueba su trabajo y el 88% no se siente representado por esta institución. Y, para el caso del señor Humala, una imagen similar podría quedar grabada en la retina de la ciudadanía si ella advierte que el oficialismo ha decidido proteger por conveniencia política al ex presidente Alejandro Toledo de las acusaciones que hoy enfrenta.

Reflexionemos por un momento sobre la siguiente sucesión de eventos. En la primera escena, después de varias idas y venidas, el señor Toledo termina enredado en sus propias mentiras y contradicciones y es incapaz de explicar múltiples sospechosas operaciones inmobiliarias. Todo apunta a que no le será posible explicar sus enredos financieros y a que su situación legal solo se complicará más. A los ojos del público, quien alguna vez jugó el papel de defensor de la democracia ahora juega el papel del típico político que solo esperó el momento correcto para aprovecharse de ella. No es casual que el 82% del Perú, como demostró la encuesta publicada ayer, desapruebe su conducta.

En la segunda escena, el señor Humala viaja sin permiso del Congreso a Francia. Cuando se advierte la situación, el gobierno es incapaz de brindar una explicación satisfactoria para esta infracción. Según un porcentaje importante de la población, el motivo para este actuar sería falta de transparencia: el presidente quería que el viaje fuese secreto. El escándalo llega al punto en el que se evalúa la censura de la ministra de Relaciones Exteriores y 40% de los ciudadanos considera que debería dejar el cargo (33% opina lo opuesto y 27% no precisa su opinión).

Ahora imaginemos que en la tercera escena el gobierno salva a su canciller gracias a la protección de Perú Posible, como parece que sucedería hoy. Y supongamos además que en la cuarta escena el oficialismo, en agradecimiento, blinda al señor Toledo contra las acusaciones de corrupción que enfrenta (en la política, a fin de cuentas, todo favor se cobra).

En comparación con esta historia, la denominada repartija que tan gravemente afectó la imagen del Congreso hace unos meses sería una travesura de niños. No solo se trataría de un pacto evidentemente inmoral. Además, su impacto en la popularidad del presidente (y en sus posibilidades de acción en lo que queda de su mandato) podría ser funesta.

Así, Gana Perú debería ser muy consciente de que lo que se encuentra en juego hoy en el pleno del Congreso podría ser mucho más que la cabeza de la canciller. Y eso lo debería llevar a reconsiderar cualquier eventual arreglo bajo la mesa para protegerla. Si intercambia con Perú Posible un blindaje por otro, pondrá en entredicho la ética por la que se rige el gobierno y se arriesga a perder el apoyo de buena parte de los peruanos que aún aprueban la gestión del presidente. Así, por tratar de salvar a uno de sus alfiles, el oficialismo podría cometer la torpeza de terminar poniendo en peligro a su rey.