El lunes pasado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que analiza el estado de un centenar de hospitales en todo el Perú. Los resultados son reveladores.

El informe deja claro que un gran problema del sistema de salud público se relaciona con los equipos médicos. Las áreas de hospitalización de cirugía, casi en un 50%, no cuentan con un desfibrilador y un poco menos de un cuarto de ellas no tiene grupos electrógenos que eviten que el hospital se quede sin luz durante una operación. Aproximadamente la mitad de las áreas de obstetricia, además, no tienen agujas de epidural, claves para toda cesárea. Y, sobre el estado de los equipos que sí existen en los hospitales, basta decir que 41% de ellos debe ser reemplazado o reparado.

La higiene de muchos de los hospitales también es preocupante. El informe de la Defensoría muestra que más del 30% de las áreas de obstetricia y de cirugía no cuentan con soluciones antisépticas que puedan usarse para reducir la posibilidad de infecciones, que alrededor del 18% de los hospitales tiene servicios higiénicos sucios y que el 11% de los ambientes de hospitalización no posee lavatorios para que el personal de salud se lave las manos. Más de un quinto de los hospitales, asimismo, no cuentan con las medidas de prevención para el personal de salud frente a la tuberculosis. A todo esto hay que sumar que varios de ellos no tienen agua potable de manera permanente.

A esto, claro, se le agregan también otros problemas, como las interminables esperas para obtener una cita médica o como la falta de personal (por ejemplo, el 47,7% de los servicios de medicina no cuentan con médicos especialistas en medicina interna). La lista, en fin, es mucho más larga de lo que podemos resumir aquí.

El Gobierno, por suerte, no es ciego a estos problemas y entre sus medidas ha previsto, por ejemplo, que en el 2013 se transfieran recursos del Ministerio de Salud a los gobiernos regionales por más de S/.150 millones para fortalecer el equipamiento de los establecimientos de salud. Pero, como queda dicho en el informe de la defensoría, es necesario que se intensifiquen aún más los esfuerzos para mejorar el equipamiento y fortalecer la infraestructura.

La solución, sin embargo, no pasa solo por invertir más dinero; pasa también por invertirlo mejor. Y creemos que hay dos maneras con las que se conseguiría utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles, logrando así que todos los peruanos reciban atención de mejor calidad.

Por un lado, el Estado debería darles a los pacientes el derecho de premiar a los buenos establecimientos de salud y de castigar a los malos. La cuestión es relativamente simple, en lugar de financiar directamente a los hospitales, el Estado emitiría cupones que le entregaría a la población que no pueda pagar estos servicios. Esos cupones podrían ser usados en cualquiera de las instituciones públicas de salud, e incluso en las privadas que tengan convenios con el Estado. Los centros de salud deberían entonces entregar estos cupones al Estado a cambio de dinero, lo que en la práctica querría decir que mientras más pacientes lograsen atraer, más dinero obtendrían. Un establecimiento que, en cambio, fuese elegido por muy pocas personas quebraría (como sucede ahora con las empresas privadas que no logran satisfacer las necesidades de sus clientes).

Por otro lado, y a la par que lo anterior, sería beneficioso dotar de autonomía administrativa a los establecimientos de salud. La gestión de hospitales podría pasar a manos de asociaciones público-privadas que competirían entre ellas para obtener más clientes y que obtendrían recursos del canje de los cupones o (en caso no se implementase ese sistema) directamente de Essalud o del SIS, que pasarían a funcionar únicamente como fondos.

Los problemas del servicio de salud estatal no son nuevos, como tampoco son las soluciones que se han venido intentando. Es quizá por ello que el remedio estaría, precisamente, en algo que en el Perú nunca antes hemos tratado.