(Editorial) El indulto negado

El presidente Humala ha finalmente tomado una decisión sobre el indulto solicitado en favor de Alberto Fujimori. Y lo ha negado.

Como el indulto supone hacer una excepción para una persona respecto de lo que la ley manda para todas las que han incurrido en iguales actos, esta negativa quiere decir que el presidente Humala ha decidido no hacer excepciones con el señor Fujimori.

¿Es esta una decisión correcta? Es decir, ¿existían justificaciones de peso para dar a Alberto Fujimori un trato diferente del que manda la ley? En lo que sigue damos nuestras respuestas al margen de la opinión que hemos expresado ya varias veces sobre la figura del indulto en sí y sobre la forma en la que creemos debe ser reemplazada.

Ciertamente, el argumento que sostiene que el señor Fujimori merece ser perdonado por los delitos cometidos en base a los numerosos y productivos aciertos que tuvo durante sus mandatos, no constituye una buena justificación. Al menos en los estados democráticos no existe algo así como un “pase para delinquir” al que uno pueda acceder si logra ciertos objetivos. Y la comprobada verdad es que Alberto Fujimori delinquió.

Delinquió, de hecho, sistemáticamente, y no solo en lo que toca al tipo de delitos que sus defensores encuentran justificados dado el contexto de guerra contra el terrorismo en el que sucedieron. No. El señor Fujimori cometió también una serie de delitos que ni sus seguidores más obcecados podrían relacionar con los intereses del país: es demasiado evidente que procedió de acuerdo con su propio interés por acaparar la totalidad del poder y perpetuarse en él. Por ejemplo, cuando fue desarmando, una a una, las instituciones que existían para limitar su poder y garantizar los derechos de sus ciudadanos, logrando que, verbigracia, todos los asuntos judiciales de importancia se resolviesen en la celebérrima salita (y bajo las secretas cámaras) de su socio-asesor. O cuando desvió sistemáticamente recursos de los contribuyentes para comprar congresistas, alcaldes, partidos, firmas, magistrados, generales, periodistas y prensa chicha. O cuando giró, de su puño y letra, un cheque por US$ 15 millones para el asesor que él mismo juraba lo había traicionado durante 10 años consecutivos, a fin de que este pudiera huir a un exilio dorado (el mismo asesor, por cierto, con el que muy poco tiempo atrás había aparecido en Palacio de Gobierno para denunciar una red de tráfico de armas que, según resultó, Montesinos mismo dirigía). Los ejemplos, en fin, son legión. Tampoco vale el argumento de la “dignidad presidencial”. Si alguien socavó la dignidad de nuestra máxima magistratura, ese fue el presidente que mintió desde el comienzo de su mandato sobre su nacionalidad misma y que terminó disfrazando de fiscal a su edecán para irrumpir en la casa de la esposa de su ex asesor y llevarse de esta varios maletines con videos. Maletines que luego embarcaría en un viaje que tomó supuestamente para ir a una cumbre pero que en realidad fue para faxearnos su renuncia a la jefatura del Estado desde el país extranjero del que, conforme nos enteramos entonces, era nacional (y a cuyo Senado luego postularía después). Un presidente, en fin, que extremó tanto su desfachatado desprecio por la ciudadanía que, incluso ya extraditado y en medio de un proceso judicial, se dio el lujo de guiñarle el ojo frente a cámaras al asesor-narcotraficanteal que acusaba de todas sus culpas en el mismo proceso.

Por su parte, la tesis que sostiene que hay otras autoridades que han cometido varios delitos semejantes a los del señor Fujimori y que sin embargo andan libres –o incluso en algún nivel del poder-, también es débil. Lo que está mal es que hayan culpables que escapen a la justicia, no que algunos de ellos sí sean alcanzados por esta.

A nuestro parecer, el único argumento que hubiera podido valer para el indulto era el humanitario. En un estado civilizado la crueldad tiene que ser el patrimonio exclusivo de los delincuentes. La justicia no exige que alguien que perdió ya su libertad mientras tenía salud deba también agonizar en prisión. El problema, sin embargo, es que no se ha probado que Alberto Fujimori esté en una situación extrema de salud. Y más bien sí han salido a la luz diversos indicios que apuntarían a lo contrario.

Nosotros no creemos en encarnizamientos y si el señor Fujimori estuviese en una situación médica que lo justificase, estaríamos de acuerdo con que salga de prisión (siempre y cuando, claro está, se aplicase el mismo trato a todos nuestros presos en situación similar). Pero como al mismo tiempo sí creemos en el Estado de Derecho y en el poder de los ejemplos, pensamos que mientras no se pruebe que el anterior es el caso, el señor Fujimori debe de permanecer en el lugar en el que lo han colocado, antes que nada, sus propios actos.