En esta última edición del CADE se ha vuelto a respirar algo del entusiasmo que, hasta hace no tanto, era el denominador común entre los empresarios nacionales. Un renacimiento que viene siendo también reflejado por la recuperación –no espectacular, pero valiosa de cualquier forma– que está experimentando la confianza empresarial en los índices que la miden.
Considerando que este entusiasmo es el padre de la inversión, y que esta a su vez es quien –al generar empleo, consumo y recursos para los servicios públicos y programas sociales– pone el viento tras las velas del gobierno, a este último le convendría aprovechar el momento y dar un buen empujón a esta renaciente energía. No es tan difícil hacerlo y, de hecho, en varias de las propias ideas vertidas por los empresarios en el CADE se pueden encontrar algunas claves sobre cómo lograrlo.
Fue muy elocuente en este sentido, por ejemplo, la presentación de Ignacio Bustamante, CEO de Hochschild Mining, quien mostró que si la cartera de inversiones mineras que hay en el país se concretase, el PBI se incrementaría en 36%, se generarían 2,4 millones de empleos directos e indirectos y se recaudarían US$12.300 millones adicionales al año.
A manera de ejemplo de lo que significan estas cifras, veamos el caso de los US$12.300 millones. Con este monto el Estado podría pagar 8,56 veces su presupuesto de justicia (lo que alcanzaría para cubrir, desde luego, una reforma real del Poder Judicial); 5,18 veces su presupuesto de seguridad interna; 2,13 veces su presupuesto de previsión y protección social; y 1,78 veces su presupuesto de educación, cultura y deporte (con lo que bien podría financiarse una reforma meritocrática contundente de nuestro profesorado).
El asunto se vuelve de penoso a indignante, cuando uno recuerda que esta cartera de inversiones trata de proyectos para los que existen el dinero y la voluntad de invertirlo y en los que el problema está siendo más bien o la imposibilidad del Estado de hacer que los permisos que otorga tengan valor real o su incapacidad de tramitarlos en plazos y procesos razonables. Es decir, que esta no es inversión que uno tendría que atraer, sino que es inversión que ya está ahí, queriendo pasar y concretarse, y, sin embargo, teniendo al Estado funcionándole como tapón. Y la pregunta, desde luego, es si este es un lujo que podemos moralmente darnos.
Entonces, acá hay una primera clave: uno de los caminos más veloces que tiene el gobierno para dar un empujón a la vuelta de la confianza en la economía es destrabando estos proyectos. De hecho, si solo se ocupase de ver que se liberen los 4 más grandes proyectos mineros detenidos, ya habría hecho más por el crecimiento –y, por lo tanto, por sí mismo– que lo que ha hecho en estos dos años y medio en los que básicamente se ha contentado con administrar la (decreciente) inercia recibida.
Otra buena clave dada por los empresarios en el CADE estuvo referida a la manera de abordar las mejoras que tanto necesita la educación. Por ejemplo, ha sido una excelente iniciativa de IPAE crear un observatorio laboral que publicará las cifras de empleabilidad que tienen cada carrera y cada institución de educación superior. Esa es la manera de combatir –además del desfase que existe entre las carreras que enseña la mayoría de nuestras instituciones superiores y las que está demandando el mercado– el problema de la mala calidad de muchas universidades: empoderando al consumidor para que pueda elegir mejor con más información, en lugar de limitando sus opciones con leyes intervencionistas que uniformizan y limitan la oferta universitaria.
También supone un rumbo por seguirse en este campo el proyecto, impulsado por Enseña Perú, para capacitar a 10.000 profesores que se están incorporando al primer año de su práctica docente por medio de una página web a través de la cual puedan acceder a cursos de los mejores catedráticos universitarios de las diferentes especialidades. E igual el proyecto de capacitación enfocado en los directores de escuelas que liderará el Instituto Apoyo.
Lo anterior, para solo hablar de dos campos que tuvieron buenas propuestas concretas en el CADE.
En suma, este CADE ha traído consigo a la vez la buena noticia de un renacimiento en el entusiasmo empresarial y varias ideas sobre cómo puede hacer el Estado para asegurarse de que este renacimiento haya llegado para quedarse, pasando así la pelota a la cancha de un gobierno que mal haría en dejarla ahí.