(Editorial) El muñeco respondón

Con la repentina y radical subida de 33% en el peaje de la Vía de Evitamiento, la actual gestión de la Municipalidad de Lima ha demostrado, una vez más, que sus asuntos tienen vida propia. Vida propia e independiente de lo que la alcaldesa sabe y controla, esto es. Es difícil entender de otra forma que hace tan solo cuatro meses nuestra burgomaestre dijese que los peajes iban a subir solo por la aplicación del IGV (18%) y que, sin embargo, vengamos a enterarnos ahora de que en realidad el aumento será de un 33% (al menos en la nada desdeñable Evitamiento). Diera la impresión de que si la alcaldesa fuese un ventrílocuo, el muñeco le saldría respondón.

En nada ayuda a la posición de la municipalidad, por otra parte, que su gerente de promoción de la inversión privada declare que un aumento de este tamaño estaba dentro del campo de libertad que el contrato de concesión dejaba al concesionario de la vía y que no había nada que la municipalidad pudiera hacer para evitarlo. Si en efecto ese era el caso, ¿por qué la alcaldesa se lanzó a dar cifras sobre asuntos que ella no decidía y sobre los que no tenía control?

Este asunto del no control, por lo demás, no deja de llamar la atención. Y es que es curioso que en su momento se firmase un contrato de concesión que dejaba márgenes tan amplios a la discreción del concesionario de un servicio público. Como que es curioso también que exista una excepción legal que haga que Ositrán no tenga poder regulador sobre las concesiones de transporte otorgadas por la Municipalidad de Lima.

Es justo decir que el nacimiento de estos misterios precedió al de la actual gestión municipal y que esta no tiene, por tanto, responsabilidad en ellos. Pero sí la tiene –y grande– en haber hablado, como tantas otras veces, de lo que no sabía y, desde luego, en no haber sabido lo que debería.

DESORDENANZAS REGIONALES Esta semana, con motivo de las nuevas paralizaciones de los mineros ilegales en Madre de Dios en favor de su derecho a seguir delinquiendo, saltó a la palestra un dato indignante: el gobierno de la región ya había reconocido este derecho a todos los ilegales que puedan hacerse pasar por minería pequeña o artesanal (la mayoría). En efecto, hace unos meses una ordenanza (hoy derogada) autorizó este tipo de minería en las áreas de concesión forestal, pese a que, según la delegación que hace nuestra Constitución, el Gobierno Central decide el ordenamiento territorial nacional (es decir, dónde se puede o no hacer algo por motivos ambientales).

No es la primera vez, ni mucho menos, que vemos este tipo de actitudes en las que un gobierno regional, tomado por algún grupo de presión económica o ideológica, rebaza sus prerrogativas para sabotear al gobierno nacional, y, de paso, a la razón y a la justicia. Así como el presidente regional de Madre de Dios intentó usar su puesto para cobijar a la minería ilegal, el año pasado su par de Cajamarca usó el suyo para boicotear a la legal, al declarar intangibles todas “las cabeceras de cuenca” (lo que estaba cerca de equivaler a una prohibición de la minería en la región). Y aun antes hemos visto gobiernos regionales que protegen al narcotráfico al promulgar ordenanzas que protegían las áreas de cultivo de coca (por ser una planta sagrada).

Naturalmente, todos estos no son ejemplos de un mal ejercicio del poder, sino de una usurpación de este. Al menos en las democracias, las autoridades son tales solo dentro del marco de decisión que les ha conferido la ley. Fuera de este marco, sus palabras son solo eso.

Esto, es cierto, es algo que quienes están en el poder siempre tenderán a olvidar. Pero, por lo mismo, el Estado debería tener instrumentos para poder recordárselos con efectividad (es decir, con sanciones). Y al Congreso corresponde dárselos.

El peaje en Evitamiento podría aumentar cada año, según contrato de concesión