(Editorial) Poder Judicial: entre la inversión y el gasto

El proyecto de Ley de Fortalecimiento del Poder Judicial enviado por el Ejecutivo al Congreso, que modifica la escala de ingresos de los jueces establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ha generado un conflicto entre poderes.

La judicatura rechaza este proyecto y se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para exigir la inmediata aplicación de la escala de la LOPJ. El Ministerio de Economía (MEF), por su parte, sostiene que lo que establece esta ley –que los jueces superiores, los especializados y los de paz letrados pasen a ganar, de un solo golpe, un 90%, 80% y 70% , respectivamente, de lo que percibe un juez supremo– fue puesto ahí irresponsablemente y es fiscalmente inviable. Lo que es más, según el MEF, este mandato supondría gastar solo en sueldos del Poder Judicial (PJ) S/.529 millones más al año, pero tendría también efectos (como consecuencia de una serie de mandatos legales de homologación) en los salarios del Ministerio Público y en los de los profesores de las universidades estatales, alcanzando así un gasto adicional total de S/.7 mil millones al año.

La anterior sería la razón por la que la LOPJ no se ha podido aplicar en este punto en sus 20 años de vigencia. Esto es, porque habría sido dictada con puro voluntarismo, sin ningún tipo de análisis de viabilidad de los números. Si el aumento de la LOPJ se aplicase, de hecho, un juez de paz letrado pasaría a ganar más que el presidente de la República y que cualquier ministro.

Intentando corregir lo anterior, el proyecto de ley del Ejecutivo mantiene los aumentos, pero haciéndolos de 80%, 60% y 40% para cada una de las categorías de magistrados arriba mencionadas. Con estos porcentajes, para el final del 2015 los jueces superiores habrán pasado de ganar S/.12.000 a S/18.500 mensuales, los especializados de S/.9.000 a S/.13.900 y los de paz letrados de S/.6.000 a S/.9.200.

Más allá de estos números, sin embargo, donde tiene indiscutible razón el proyecto es en la necesidad de condicionar los aumentos al mejoramiento del servicio que brinda el PJ, en el marco de las metas establecidas por él mismo y bajo la evaluación periódica del Comité de Coordinación con el Poder Ejecutivo que creó la ley 28821. Después de todo, ya entre el 2007 y el 2011 el presupuesto del PJ prácticamente se duplicó, sin que se lograse por ello ninguna mejora significativa en su atención y confiabilidad. De hecho, en ese mismo período el Perú cayó del puesto 95 al 115 (de 185) países en la categoría “capacidad para hacer cumplir los contratos” del Doing Business (categoría que está referida a los tiempos y costos de los procesos judiciales). Y el 2012, justo un año después de que culminase esta duplicación del presupuesto, la institución salió como la más corrupta del país según la visión de los ciudadanos expresada en la Encuesta Nacional de Percepciones y Corrupción de Ipsos.

Comoquiera, entonces, que los ciudadanos que tienen esta percepción son también los contribuyentes que financian con su trabajo y bienes todos los aumentos de presupuestos que el MEF pueda otorgar, nuestros jueces no pueden pretender exigir que sus incrementos salariales se sigan dando de forma automática sin ofrecer a cambio planes concretos y medibles de mejoras del servicio que ofrece su institución.

En este Diario no podríamos estar más convencidos de la naturaleza de piedra angular que tiene el PJ en cualquier Estado de derecho y de los enormes costos que su precariedad, cuando se da, suponen para todo el edificio. Un país en el que las personas nunca pueden estar seguras de que los derechos que les otorga la ley serán reconocidos por los encargados de hacerla valer –y de que lo serán a tiempo y sin costarles en el camino más de lo que esos derechos les suponían en primer lugar– es un país donde el valor de todo lo que existe en él está castigado por el peso permanente de la incertidumbre. Lo que, desde luego, repercute también con fuerza en los incentivos que tienen sus ciudadanos al actuar.

En otras palabras: nosotros pensamos que si una institución puede justificar inversiones (planeadas racionalmente, no a la manera de la LOPJ), esta es el PJ. Aunque solo sea para que deje de costarnos lo que, calladamente, nos cuesta todos los días.

Pero estamos hablando de “inversiones”, no de puro “gasto”. Las primeras, a diferencia de este, reditúan a quien las hace. Al PJ le toca, pues, hacer uso de su autonomía para plantear un plan de reforma que demuestre que lo que está exigiendo sería una inversión, y no un puro gasto, para la sociedad que lo pagaría.