(Editorial) ¿Programa intoxicado?

Algo está malogrado en Qali Warma. Y no solo se trata de los alimentos que en las últimas semanas han producido intoxicaciones en lugares como Apurímac, Chimbote, Huancayo, Ayacucho o Junín. Nos referimos al diseño mismo del programa, que ha permitido que los repetidos incidentes alcancen a alrededor de 400 niños de diversas regiones.

En efecto, los últimos hechos parecen demostrar que el sistema de elección de proveedores de alimentos no permite escoger a los más idóneos. Evidencia de ello sería que –según el profesor Enrique Vásquez de la Universidad del Pacífico– el 31,3% de los recursos de Qali Warma se habría adjudicado a empresas o personas naturales cuya ocupación principal no sería el rubro alimentario, sino otros negocios, como transporte de carga, construcción o ventas de productos textiles. Asimismo, el 47% de las personas naturales y el 45% de las empresas que operan como proveedores nunca habrían contratado con el Estado. Incluso, el mencionado estudio habría encontrado siete u ocho proveedores sin RUC a los que se le adjudicaron S/.4 millones.

Por supuesto, no sorprende que se termine contratando a proveedores sin experiencia, una vez que advertimos que se decidió que el programa compre alimentos perecibles a productores de cada localidad (aparentemente con la finalidad de ayudar a sus negocios). En cambio, si se hubiese puesto la nutrición de los niños como objetivo final, quizá se hubiera optado por adquirir productos no perecibles, menos susceptibles a la fermentación, y provenientes de proveedores con más experiencia y más fáciles de fiscalizar.

Si a todo esto se le suma que a octubre de este año la ejecución del presupuesto del programa ha llegado solo al 42%, queda claro que hay errores que corregir si es que no se quiere seguir arriesgando la salud de los niños (y al programa social insignia del gobierno, de paso).

COMO DOS GOTAS DE AGUA El alcalde provincial de Espinar y el presidente regional de Cajamarca se parecen mucho. Ambos lucharon por detener importantes proyectos mineros bajo la excusa de que estos dejarían sin agua a sus pueblos. Ambos, además, no tuvieron reparos en torcer la verdad ni en azuzar la violencia para defender su causa. Y ambos, finalmente, han demostrado con sus obras (o más exactamente con la falta de ellas) que el bienestar de sus ciudadanos y el acceso al agua realmente no les importan.

El domingo publicamos un reportaje de Mayer Abanto y Ralph Zapata que mostró que en Espinar hay 50 obras paralizadas. Una de ellas, que incluye agua, desagüe y una planta de tratamiento, fue aprobada en el 2007 a un costo de S/.42 millones, pero aún no ha concluido. Según el alcalde Mollohuanca, esto se debe a los recortes presupuestales del canon y sobrecanon que sufrió su municipio. Una excusa curiosa, tomando en cuenta no solo la cantidad de años transcurridos desde el 2007 (y en los que no hubo recortes), sino además el hecho de que al 30 de setiembre la municipalidad solo había gastado el 49% de su presupuesto, que supera los S/.240 millones.

El reportaje también evidenció una situación similar en Cajamarca. El señor Santos recibió de la gestión anterior 295 proyectos con presupuesto aprobado, principalmente de infraestructura de salud e irrigación. No obstante, casi ninguno se ha ejecutado. El presidente regional, al igual que el señor Mollohuanca, le echa la culpa a la falta de recursos. Pero, también como en Espinar, su región muestra una gran incapacidad para manejarlos: en el tercer trimestre del año solo ha ejecutado 39,4% de los S/.361 millones asignados a su presupuesto.

Los señores Santos y Mollohuanca, en fin, son como dos gotas de agua a las que solo les interesa su agenda política.