(Editorial) Sumando 
razones / Asuntos de familia

Más allá del tipo de motivos personales que parecen mover a algunos de los promotores de un proceso de revocación contra la alcaldesa Villarán, decepciona la forma como su comuna ha venido intentando impedir a toda costa que el Reniec valide y cuente las firmas presentadas para solicitarlo. Si de verdad tiene convicciones democráticas, la alcaldesa solo debería quedar contenta si esquiva el llamado a la consulta de revocación porque este no alcanzó el número suficiente de firmas, no porque ella impidió que se contaran las que había.

Es particularmente lamentable, por otra parte, que en su esfuerzo por impedir este conteo la alcaldesa esté intentando hacer valer lo que fue o una trampa o una gruesa negligencia del Reniec cuando dio a los promotores de la revocación, por escrito, una fecha para que entregaran sus firmas que resultó no corresponder con la legal, y cuando, luego de que estos cumplieran la primera fecha, les hizo valer la segunda, negándose entonces a contar las firmas por haber sido presentadas “fuera de plazo”. ¿En un hecho así quiere apoyarse una alcaldesa que se precia de jugar limpio? Parece que sí, pues su municipalidad está presionando públicamente al JNE para que anule la orden que dio al Reniec para procesar las firmas.

En tanto, Eduardo Zegarra, teniente alcalde de la municipalidad, ha hecho saber que si el JNE no da marcha atrás en su orden y las firmas se acaban de contar (lo que parece sucederá hoy), la comuna irá “a instancias internacionales para cuestionar esta barbaridad”. “La barbaridad”, sin embargo, corre por su cuenta: las instancias internacionales existen para garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado y no al revés.

Puede que no esté claro si hay más razones para revocar a la alcaldesa Villarán que para no hacerlo, pero lo que sí está claro es que con su intento de impedir el conteo de las firmas presentadas ella ha sumado buenos argumentos a la causa pro revocatoria.

Asuntos de familia Ha sido de lo más revelador escuchar al presidente Ollanta Humala declarar que él no tiene nada que decir sobre el último video de su hermano Antauro, en el que se ve a este salir de Piedras Gordas antes de la Navidad pasada, por sus propios medios y en aparente buen estado, pese a que se suponía que salía por una “emergencia médica”. “El jefe del Estado”, ha dicho Humala, “no tiene por qué estar viendo los temas personales o familiares”, los mismos que él quiere “diferenciar” de los “temas de gobierno”. Aparentemente, en la visión del presidente, si un reo recibe un trato especial para poder salir de prisión en Navidad –y luego en Año Nuevo, por una larga temporada que incluyó visitas románticas–, ese hecho constituye un “tema familiar” cuando el reo es hermano suyo, y no una violación del Estado de derecho.

Con ese criterio, imaginamos que también es un tema “familiar” y no de “gobierno” que otro hermano del presidente use su conexión con el poder estatal – y de hecho, se haga pasar por representante del Estado– para realizar negocios personales y para ganar licitaciones. Esta concepción explicaría muchos silencios: nadie tiene por qué andar aireando sus intimidades.

En realidad, desde luego, el asunto es exactamente al revés de cómo lo está planteando el presidente: él ha hecho lo contrario a “diferenciar los temas de familia” de los “temas personales” cuando ha usado –o ha permitido que se use sin reaccionar después– el poder del Estado para dar un trato privilegiado a sus hermanos.

Igualmente desafortunado, por lo demás, ha estado el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, cuando ha intentado ocultar el tema de fondo detrás de un tecnicismo falaz, concentrándose en que los videos propalados “son propiedad privada”. Son propiedad, más bien, estatal y, por lo tanto, de todos; igual que el poder que ostenta el presidente Humala en nuestra representación. A ver, pues, si empiezan pronto las explicaciones.