(Editorial) Un defensor que no defiende

Ayer el Gobierno anunció que había decidido que Petro-Perú no adquiriría los activos de Repsol. Al César lo que es del César: aunque su intención inicial fue andar por el camino errado y su estrategia comunicacional no fue la adecuada, el Gobierno finalmente tomó el rumbo correcto y eso hay que saludarlo. El presidente, sin duda, ha hecho lo mejor para el país.

Lamentablemente, parece que la reciente sensatez que el nacionalismo ha exhibido en el Ejecutivo no ha sido contagiada a su bancada parlamentaria. Y es que Jaime Delgado, congresista y portavoz de Gana Perú, junto con otros seis miembros del oficialismo, ha propuesto un proyecto de ley que, de aprobarse, tendría efectos nefastos en la economía de las familias peruanas.

El objetivo de este proyecto de ley dice ser “salvar la economía personal y familiar” de las personas naturales que no puedan pagar sus deudas con el sistema financiero. ¿Cómo se las ha ingeniado para tratar de hacerlo? Pues muy simple: autorizándolas a que no paguen sus deudas. Tan sencillo como eso.

El proyecto plantea que, para evitar pagar una deuda, lo único que tendría que hacer el deudor es declararse insolvente argumentando, por ejemplo, haber asumido gastos “imprevistos”. Luego de ello, el Indecopi entraría a mediar estableciendo un esquema de pago “justo” que evite “el perjuicio a los consumidores” (ambigüedad que se podría traducir como: escogiendo el esquema de pago que le parezca mejor al funcionario de turno).

El señor Delgado, como acostumbra, ha empaquetado este proyecto con un brillante papel de regalo, le ha colocado un enorme lazo y se lo ha dedicado al consumidor peruano, a quien dice querer defender. Lo irónico de esta situación es que, si a alguien perjudicará su proyecto, es precisamente a los consumidores.

Uno de los criterios que influye en la tasa de interés que cobran las entidades que prestan dinero es el riesgo de que el deudor no pague en los términos pactados. A mayor probabilidad de que el deudor incumpla, más alto es el interés que la entidad cobra para compensar el mayor riesgo. Eso explica por qué, por ejemplo, los créditos de consumo suelen tener tasas más altas que aquellos respaldados por fianzas o por una hipoteca, o por qué a una persona con mal historial crediticio le es más difícil conseguir un préstamo. Por ello, de aprobarse el mencionado proyecto las tasas cobradas por las entidades financieras a las personas naturales se elevarían, pues se incrementaría la posibilidad de que los deudores no paguen sus deudas.

¿Quiénes, entonces, sufrirán más de aprobarse el proyecto del señor Delgado? Pues las familias de menores ingresos, que usualmente tienen menos capacidad de pago que el resto. Ellas, gracias al congresista nacionalista, verían reducidas sus posibilidades de acceder a un crédito para, por ejemplo, comprar una casa o poner un negocio que les permita mejorar su calidad de vida.

De aprobarse el proyecto, además, justos pagarían por pecadores. Y es que por culpa de los malos pagadores que usen la ley en su favor aumentarán las tasas para todos, incluyendo a los buenos pagadores.

Todos queremos que las familias peruanas puedan acceder a créditos en mejores condiciones. Pero para lograr eso, las iniciativas populistas son contraproducentes. Lo que se necesita es promover una mayor competencia para que las entidades financieras ofrezcan mejores productos y menores intereses. Y, paralelamente, reducir los costos irrazonables que imponen la ley y el Estado a las operaciones de crédito. Por ejemplo, lograr que el Poder Judicial permita cobrar las deudas de manera más expeditiva, pues no olvidemos que ocupamos el mediocre puesto 115 de 180 países en la categoría “cumplimiento de contratos” del ránking mundial Doing Business.

El proyecto del señor Delgado puede que esté lleno de buenas intenciones. Pero, generalmente, las buenas intenciones no bastan. Y algunas otras veces no solo no bastan, sino que juegan en contra. Este último, precisamente, es el caso de la iniciativa del congresista autodenominado “defensor de los consumidores”, que resultaría ser un arma que apuntaría, nada más y nada menos, a quien pretende defender.