Víctor García Toma: ¿quién es el nuevo representante del Perú ante la ONU nombrado por Dina Boluarte?

El expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma fue designado este martes 5 de septiembre como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Previamente, el abogado se había desempeñado como uno de los asesores en temas constitucionales de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

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García Toma reemplaza en el cargo a Manuel Rodríguez Cuadros, quien renunció en diciembre del 2022 tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. Su dimisión fue aceptada en enero de este año por el Poder Ejecutivo.

El nuevo representante del Perú ante la ONU tiene una amplia trayectoria como profesional del derecho. Obtuvo su título de abogado en la Universidad San Martín de Porres en 1978 y su maestría en Derecho Constitucional en el 2002.

Entre los años 1986 y 1989 se desempeñó como asesor de la Fiscalía de la Nación. Posteriormente, entre 1989 y 1990 fue asesor de la Junta de Fiscales Supremos, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y miembro del directorio del Banco de Comercio.

En el 2002, García Toma se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional, de que llegó a ser presidente. Una vez culminado su periodo de cinco años en ese cargo, laboró en la Universidad de Lima, donde fue decano de la facultad de Derecho.

Durante esa época también se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego, en el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García, fue nombrado ministro de Justicia en el Gabinete encabezado por Javier Velásquez Quesquén. Solo permaneció seis meses en el puesto. Desde el 2011 es socio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados.

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En el 2022, García Toma fue la carta de Renovación Popular para candidato a defensor del Pueblo. Dicha elección tuvo varias idas y venidas, debido a que el Poder Judicial había suspendido el proceso. En ese marco, el constitucionalista decidió, en octubre de ese año, retirar su candidatura al cargo.

A través de una carta remitida al entonces presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), García Toma explicó que tomó la decisión debido a la crisis política, agudizada en el gobierno de Pedro Castillo.

“Le expreso la decisión de declinar a cualquier proposición sobre la materia. Considero que, ante las actuales circunstancias de crisis política y moral que azota al país, puedo ser más útil señalando mis opiniones con entera libertad y sin tener que, eventualmente, comprometer la línea institucional de un organismo constitucional”, se lee en el documento.

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En mayo de este año, el Poder Ejecutivo creó una comisión de alto nivel, conformada por prestigiosos abogados, para asesorar a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en temas constitucionales.

De acuerdo con la resolución que oficializa la creación del grupo de trabajo, el objetivo del Gobierno es fortalecer y legitimar la democracia y el estado de derecho. Entre los integrantes se encontraba García Toma.

También figuran los nombres de Ernesto Álvarez Miranda (exintegrante del TC), Ernesto Blume Fortini (exintegrante del TC), Alberto Borea Odría (exdiputado), Jorge Luis Cáceres Arce (exregidor provincial de Arequipa), Carlos Hakansson Nieto (exconsultor de la Comisión de Constitución del Congreso), Aníbal Quiroga León (exconsultor de la Comisión de Constitución del Congreso), José Luis Sardón (exintegrante del TC), Óscar Urviola Hani (exintegrante del TC), Elizabeth Zea Marquina (excandidata al Congreso).

Se trata de puestos ad honorem. La resolución lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, y del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate; y la canciller Ana Cecilia Gervasi.

García Toma había confirmado su participación días atrás, en diálogo con este Diario, e indicó que una de sus labores sería apoyar al Gobierno en la defensa de su constitucionalidad, especialmente a nivel internacional donde presidentes como Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de México y Gustavo Petro de Colombia persisten en respaldar a Pedro Castillo.

“Lo primero que se debe hacer [después de que salga la resolución] es informar de manera correcta sobre lo que suscitó el 7 de diciembre del año pasado. Ese día Castillo hizo un autogolpe, lo que en términos legales se conoce como un intento de rebelión. Tras ello el Congreso aplicó el artículo 113 de la Constitución y lo vacó”, subrayó.

El también exministro de Justicia dijo que si bien discrepa con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso- este reconoce que hubo un golpe de Estado en el Perú y que el actual gobierno “es constitucional”.

“La propia OEA lo ha reconocido, y salvo México y Colombia, la mayoría de los países reconoce al gobierno de Boluarte”, concluyó.

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Este martes 5 de abril, la presidenta Dina Boluarte solicitó permiso al Congreso de la República para realizar su segundo viaje al extranjero entre los días 17 y 21 de setiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en un evento de Naciones Unidas (ONU).

¿Tendrá el respaldo de las bancadas? En diálogo con El Comercio, parlamentarios de ocho b expresaron posturas discordantes.

Jorge Montoya (Renovación Popular), Norma Yarrow (Avanza País), Nieves Limachi (Cambio Democrático), Edgar Tello (Bloque Magisterial) y Carlos Zevallos (Podemos Perú) se mostraron en contra del viaje de Boluarte. Mientras que Eduardo Salhuana (APP) y Luis Aragón (AP) señalaron que sus bancadas respaldarían la salida de la mandataria. En tanto, Guido Bellido (Perú Bicentenario) prefirió no adelantar opinión.

Montoya consideró que Boluarte “no debe salir del país” porque la norma que le permite el despacho remoto “es inconstitucional”.

Yarrow tuvo una opinión similar. “Personalmente creo que no debe salir, salvo en casos específicos que se relacionen con temas de inversiones para el Perú”, indicó.

Tello declaró que, para aprobar el permiso, la jefa de Estado “debe cumplir primero con los compromisos pendientes primero”, como la reglamentación de diversas normas. “Los eventos internacionales son importantes, pero los compromisos con los ciudadanos también lo son”, expresó.

Salhuana dijo que “con el mismo concepto del viaje a Brasil” considera “que se le debe otorgar el permiso” a la presidenta. “La presidenta debe cumplir con su rol en el extranjero, de representar al Perú, personificar a la Nación y dirigir la política exterior”, agregó.

A su turno, Aragón señaló que su bancada “no tiene ningún problema” de apoyar el viaje de la mandataria.

Finalmente, Bellido indicó que su bancada no abordó el tema y que, a titulo personal, opina que se debe revisar la solicitud de Boluarte.

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