Defensor del Pueblo denunciado por patrocinio ilegal a favor de Nadine Heredia: las claves del caso

La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este viernes una denuncia contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a quien le atribuyen una intromisión irregular en favor de la ex primera dama Nadine Heredia.

El objetivo de la denuncia es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le abra investigación preliminar por el delito de patrocinio ilegal.

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Como defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez es un alto funcionario con antejuicio (inmunidad). Como tal, solo puede ser indagado por la titular del Ministerio Público. Así, la fiscal de la Nación deberá decidir en los próximos días si acoge el pedido de la PGE o si lo desestima.

Nadine Heredia enfrenta desde el 2022 un juicio por lavado de activos. El equipo especial Lava Jato pide 26 años de condena por presuntos aportes ilícitos a las campañas del Partido Nacionalista. En estas, su esposo y hoy coacusado, Ollanta Humala, fue candidato presidencial.

Precisamente, Josué Gutiérrez se hizo conocido como congresista por el Partido Nacionalista (2011-2016). En ese período, figuró en particular por su persistente defensa política de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Luego, militó en esa agrupación hasta el 2021 e incluso fue candidato al Congreso en las elecciones de ese año, pero no obtuvo una curul.

Sometida a reglas de conducta, Nadine Heredia pidió en junio último al juez Richard Concpeción Carhuancho un permiso para viajar al extranjero, alegando que requería un tratamiento médico. La fiscalía se opuso y, más bien, requirió que se le impida salir del país, citando un riesgo de fuga en medio del avance del juicio.

El juez Concepción Carhuancho negó el permiso para el viaje y sí accedió a prohibirle dejar el Perú por 18 meses. No obstante, su defensa legal apeló. Así, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) le dio la razón, revocando dicho impedimento el último lunes.

Sin embargo, la sala también informó en esa misma resolución que la defensoría les había enviado un escrito en el que pedían “evaluar el presente caso, teniendo en cuenta el derecho a la salud” de la acusada Nadine Heredia.

Ante ello, los jueces recordaron que si bien la defensoría vela por los derechos ciudadanos, eso no le permite “sugerir a los órganos jurisdiccionales, interpretaciones de las normas”. “Tratándose de procesos judiciales, esta es una tarea exclusiva de la función jurisdiccional”, afirmaron.

Fuentes ligadas al caso de Nadine Heredia también consideraron una “intromisión” la postura de la institución dirigida por el excongresista nacionalista. La suspicacia en este caso pasa, sobre todo, en torno al pasado nacionalista de Josué Gutiérrez, marcado por su cercanía con la ex primera dama.

Conocida la denuncia, Josué Gutiérrez dio una conferencia de prensa. Allí refirió que fue Percy Castillo, adjunto de la Defensoría para Derechos Humanos, quien firmó el escrito y que fue una postura técnica: “El defensor no despacha estos temas [...] El defensor no interviene en estas acciones, intervienen las adjuntías”.

Percy Castillo dijo que la defensoría está facultada para “emitir señalamientos sobre cómo debe interpretarse una norma o un hecho, a todos los jueces, sin que eso signifique una injerencia”. La misma postura expresó Rina Rodríguez, de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, la cual también analizó el caso y se pronunció a favor.

Sobre Nadine Heredia, Percy Castillo refirió que tras analizar una queja presentada por su defensa -como miles que llegan a su institución- decidieron presentar el escrito solo para indicar que los jueces deben considerar cómo sus decisiones pueden afectar el derecho a la salud: “No mencionamos que sea cierto que esté enferma o no”.

Además, dijo que en el pasado, la ex primera dama ya había presentado recursos similares. Por otro lado, rechazó la respuesta que les dio la sala y la calificó de “peligrosa”. “La defensoría tiene intervenciones así en múltiples casos, donde se dirige siempre al juez o la sala”, afirmó.

“Pretender restringir la intervención de la Defensoría del Pueblo en procesos judiciales afecta los derechos de la ciudadanía en su conjunto. No se puede admitir que se pretenda excluir a la defensoría de la posibilidad de intervenir en un proceso y recordar al juez cuál es el compromiso que tiene con los Derechos Humanos”.