La fiscalía archivó denuncias de invasiones de huacas

LOURDES FERNÁNDEZ CALVO

Entre 1945 y 1947, Julio C. Tello halló 2.500 tumbas prehispánicas, pertenecientes al Horizonte Medio, en la huaca Necrópolis Miramar de Ancón. Más de sesenta años después, sobre 15.000 m2 de esa zona arqueológica que tiene un área de aproximadamente 65 hectáreas yacen grandes colinas de desmonte, desperdicios y 200 familias han edificado sus casas.

Entre nubes de moscas, solo un letrero celeste advierte con letras blancas despintadas que ese lugar es Patrimonio Cultural de la Nación. El municipio de Ancón ha sembrado una fila de pequeños árboles en uno de los extremos para evitar el ingreso de autos. Un esfuerzo que, hasta el momento, ha resultado inútil.

Blanca Alva, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, cuenta que la invasión a este monumento arqueológico empezó hace 10 años, pero que se ha intensificado desde hace siete meses. “Han instalado hasta una antena parabólica y están avanzando cada vez más. Eso es indignante”, menciona preocupada Alva.

Atentados como el sufrido por la Necrópolis ocurren cada vez con más frecuencia en Lima. Solo entre enero y julio de este año, el sector ha recibido 133 alertas por la invasión o destrucción de zonas arqueológicas o históricas.

En enero hubo 12 denuncias y en julio se reportaron 22. Un incremento que las autoridades responsables aún no han sabido frenar. En julio, por ejemplo, en la huaca Cerro Pan de Azúcar, en San Martín de Porres, la presencia de maquinaria pesada hizo que los vecinos se alarmaran. Según Alva, el ministerio cumple con recibir las alertas, investigar los supuestos atentados e informar sobre ellos. Luego, se hacen las denuncias penales ante el Ministerio Público. En esta etapa, asegura, surge un estancamiento. “En el 2009, por ejemplo, hicimos 740 denuncias y de ellas solo se judicializaron 28. Las demás se archivaron”, precisa Alva.

Para el titular de la Fiscalía Especializada para Casos contra el Patrimonio Cultural de Lima, Humberto Méndez, uno de los grandes problemas en estas denuncias es lograr la identificación de los responsables.

El fiscal señala que las invasiones están a cargo de grandes mafias de terrenos que desaparecen cuando van a ser investigadas. Ante ello, dice, el Ministerio Público no puede hacer mucho. “Nosotros investigamos, pero si no hay a quién acusar, no podemos continuar”, indica. Precisa que los procesos pueden durar hasta un año. Añade que otro de los grandes obstáculos es la falta de personal y de presupuesto.

No obstante, Méndez asegura que, cuando se logra argumentar una investigación, el Poder Judicial se niega a aceptarla. “La mayoría de los jueces no valora el patrimonio cultural o desconoce su importancia y ve el caso como una denuncia más”, dice el fiscal. Este es el caso, por ejemplo, de la huaca Longueras, en Ate, destruida por una empresa ladrillera en el 2005. Según el fiscal, el Poder Judicial se negó en admitir esa denuncia.

¿Y qué rol juegan los municipios? El alcalde de Ancón, Pedro Barrera, afirma que su comuna apoya con la limpieza de las huacas y el patrullaje que realizan sus serenos. Barrera asegura que con la intervención de la policía se ha intentado desalojar a las mafias de terrenos, pero que su ayuda no basta.

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