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PAMELA SANDOVAL DERL ÁGUILA
En plena batalla legal por la zona rígida que rodea La Parada, iniciada luego del polémico fallo del juez Malzón Urbina que ordenó reabrir el mercado, la Municipalidad de Lima reforzó su posición de trasladar el comercio de verduras a Santa Anita. Para ello, anunció que 2.000 ambulantes ubicados fuera del local victoriano tendrían puestos fijos de trabajo en la denominada Tierra Prometida.
Sin embargo, a cuatro meses de que esa oferta se formalizara con el Acuerdo de Concejo 538 (14 de marzo), la única tierra que existe en Santa Anita para estos comerciantes es la removida y llena de piedras: 48.000 m2 de desmonte, entre la Av. Metropolitana y la calle San Luis, al costado del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML).
Carmen Vildoso, gerenta de Desarrollo Empresarial de Lima, confirmó a El Comercio que la habilitación del terreno –anunciada para mediados de año– para los puestos sufrió un retraso porque cambiaron los planes de la gestión. No obstante, aseguró que el proyecto sigue en marcha, ahora con la coordinación de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa).
“El 10 de junio, la gerencia municipal emitió una resolución para coordinar con Emmsa al más alto nivel, porque los planes cambiaron. La alcaldesa Susana Villarán dará más detalles en estos días, primero hay que informar a los comerciantes”, dijo la funcionaria, sin entrar en detalles.
Sin embargo, el más alto nivel al que se refiere Vildoso no incluiría a Elsie Guerrero, de la Dirección de Promoción y Desarrollo de Emmsa, quien dijo que no está al tanto del proyecto Tierra Prometida, pues su liderazgo corresponde al Concejo de Lima y a su voluntad política.
ALERTAN SOBRE INVASIÓN DE TERRENOS
Más crítico, y con información adicional a la mano, Félix Bayona, asesor de la Central de Productores y Comerciantes de Productos Perecibles de los alrededores de La Parada, aseveró que sus agremiados (cerca de 700) están decepcionados e intranquilos por la resolución que incluye a Emmsa y culpan a la institución del retraso. Bayona afirma que la desazón es utilizada por grupos dentro del otrora mercado mayorista para impulsar desde una invasión de terrenos hasta un atrincheramiento en La Parada, actualmente bajo responsabilidad del Servicio de Parques (Serpar).
“Se están haciendo cobranzas extrañas dentro del local [antiguo mayorista] que nos perjudican porque los precios suben –dijo a este Diario–. Afuera también se fomenta el caos, azuzan a invadir Tierra Prometida o a que se levante toda La Parada, aun peor de lo que pasó en octubre del año pasado”.
Los rumores han llegado ya al regidor Óscar Ibáñez (PPC), presidente de la comisión evaluadora del proceso de apertura del GMML, quien aboga por una reacción oportuna del concejo para evitar enfrentamientos.
“Con los ánimos como están, lo peor que podemos hacer es dar la imagen de que nadie asume responsabilidades, y que el problema siga pasando de mano en mano”, opinó.
Ibáñez cree que el traslado de los minoristas es indispensable en el comercio de verduras, pues estos últimos compran el 30% de los productos.
En opinión de Fernando Cilloniz, ex presidente de Emmsa, el riesgo de que con el tiempo las condiciones de higiene en Santa Anita se convirtieran en las que hay en La Victoria es altísimo. Es una pena que la improvisación, por causas administrativas, empuje todo el esfuerzo a un saco roto.
Otra razón para que el comercio al menudeo salga de esta parte de la vía pública es el frustrado empalme entre los servicios del metro y el Metropolitano, a través de las estaciones Gamarra y Central. Dicha conexión había sido anunciada para inicios de julio.
El regidor Ibañez anunció la comisión evaluadora del proceso de apertura del Gran Mercado Mayorista de Lima, la cual preside, presentará su informe al Concejo este viernes. Trascendió que el documento revela omisiones y errores cometidos por las autoridades ediles en la colación de bloques de cemento alrededor del antiguo mercado de La Parada.
PROCESO JUDICIAL NO SE DETIENE Por su parte, el procurador municipal de Lima, Antonio Salazar, informó que la primera etapa del proceso penal iniciado contra seis mayoristas, entre ellos Ida Ávila, por el delito de usurpación, culmina a fines de este mes.
Si la fiscal lo considera, entraríamos a un juicio contra Ida Ávila y sus colaboradores. Esperamos que ese proceso termine en la orden penal para que todas esas personas se retiren de La Parada, señaló Salazar.