ELIZABETH SALAZAR Unidad de investigación

Surco, un distrito donde el m2 no baja de US$1.200, está en la mira de mafias que roban terrenos. El Comercio puso ayer al descubierto a un grupo de estafadores que sistemáticamente legaliza falsas compraventas, con la anuencia de notarios y abogados, para traspasarlos a terceros con fines inmobiliarios.

Sus víctimas no solo son vecinos y familias. El Ministerio de Educación también está a punto de perder un terreno de 3.000 m2 ubicado en la exclusiva urbanización Las Casuarinas.

Según los documentos, en abril del 2011 ese ministerio registró la supuesta venta a favor de Noemí Rojas Trejo por un valor de US$1’125.000, la tercera parte del costo real. La minuta fue legalizada por el notario de Huacho Enrique Lanegra Arzola cuando Rojas –que carece de estudios e ingresos que justifiquen el pago– tenía 22 años. El hecho se descubrió en agosto del 2011 cuando ella iba a revender la propiedad para apelar a la figura del comprador de buena fe.

Lanegra envió un escrito para alertar que lo habían engañado y el ministerio enjuició a los involucrados, pero eso no impidió que se concretara la estafa. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) alega que sin una sentencia judicial no se puede anular ni impedir la inscripción de otras ventas. Los estafadores lo saben; por eso, en pleno juicio, revendieron el predio a Jorge Bazo Nanfi. Este lo traspasó a la empresa Gerencia Comercial Inmobiliaria S.A.C., la que finalmente lo vendió en marzo de este año a Carlos Espejo Montoya a cambio de US$100 mil y un saldo pendiente de pago.

“Esperamos que el Poder Judicial anule la primera venta, así las demás transacciones podrían ser nulas”, dice el procurador José Sánchez Romero.

La Dirincri incluyó en su atestado a Jorge Montero Vargas como asesor legal de Rojas Trejo. El mismo abogado está incluido en otros casos de estafa promovidos por Daniel Bautista Ríos, líder de la banda de estafadores que dimos a conocer ayer, y que obran en una fiscalía. Además, Yahaira Muñoz Corcino, una de las mujeres captadas por la mafia de Bautista para fungir de falsa compradora, tramitó en el Reniec la ficha de identidad de Rojas Trejo y Bazo Nanfi durante los meses que se concretaron las ventas sucesivas del 2012.

CAMBIO DE SOCIOS Las empresas también han sido víctimas de esta banda, pero con una modalidad diferente: los delincuentes van a una comisaría y denuncian el robo del libro de actas de la compañía. Con ese documento van a una notaría de provincia e inscriben una nueva junta de accionistas y directivos, lo legalizan ante Registros Públicos y venden las propiedades de la compañía.

Eso le pasó a Inversiones Rofacsa, dedicada al corretaje inmobiliario.

“Estamos inscritos en Alerta Registral de Sunarp. Por eso en julio del 2011 nos llegó un aviso de la supuesta venta de uno de nuestros inmuebles, en el Jr. Italia, en el Cercado. Ahí nos enteramos de que César Gonzales Reyes, a quien logramos meter preso, se había hecho pasar como gerente. El delito es evidente, pero seguimos en juicio”, dice Renzo Espinoza, asesor de la empresa.

El notario que avaló el cambio de socios fue Octavio Delgado Guzmán, de La Oroya.

Lo mismo le ocurrió a la empresa Pacífico Inversión y Desarrollo, pero en la notaría Augusto Balbín, de La Oroya. Balbín, de 80 años, pidió la prescripción de su delito apelando a su avanzada edad.