Mathías Panizo Arana

Desde una pequeña tienda ferretera hasta una fábrica de insumos químicos, todo establecimiento que realice algún tipo de negocio en el país debe contar con una licencia de funcionamiento. Estos permisos son otorgados por las municipalidades distritales y están clasificados según el nivel de riesgo que existe en las edificaciones donde se ubican los negocios. Al fin y al cabo, no es lo mismo que exista una pequeña ferretería en una zona residencial a operar allí una fábrica de productos de químicos.

Los hechos ocurridos en la mañana del lunes en el distrito de San Miguel dejaron en evidencia el peligro que significan las fábricas clandestinas que funcionan sin papeles ni estándares de seguridad. Ubicada en la calle Lima 150 –una zona residencial de densidad media y alta y de comercio vecinal-, la empresa Química Industrial Moreno E.I.R.L. operaba una fábrica de productos de limpieza -como ceras, blanqueadores y desengrasantes- pese a no contar con una licencia de funcionamiento para esto.

Sin embargo, la Municipalidad de San Miguel confirmó a El Comercio que sí contaba con permisos para operar, pero bajo el giro de ferretería. Asimismo, en el frontis del edificio -pero con el numeral 148- funcionaba una tienda de productos de ferretería. Cabe señalar que el incendio dejó a nueve familias afectadas (24 adultos y diez niños de 13 a 5 años) y una quinta.

El riesgo y los permisos de funcionamiento

De acuerdo con la Matriz de Riesgos aplicada según el Reglamento de las ITSE, en el caso de comercios menores –como lo sería una bodega- en una edificación de hasta tres pisos y/o un área techada de hasta 750 metros cuadrados, se les considera con un riesgo ‘medio’ de incendio y ‘bajo’ de colapso.

Los cálculos son muy diferentes en el caso de industrias. La Matriz establece que el riesgo de incendios en la “industria en general” -como lo es una planta de producción de elementos químicos y el rubro en el que se encuentra Química Industrial Moreno- está catalogado como ‘muy alto’. Estas definiciones son clave para comprender las acciones realizadas por Química Industrial Moreno para esconder sus actividades.

Declaraciones juradas

Por un lado, para los negocios con nivel de riesgo bajo o moderado, la licencia de funcionamiento se emite de manera automática y la ITSE se realiza posteriormente. Los representantes deben emitir una Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación para recibir el permiso. En cambio, cuando el riesgo es alto o muy alto –como se habría calificado a Química Industrial Moreno de haber formalizado sus actividades-, se requiere aprobar una evaluación ITSE previo a la emisión del permiso de funcionamiento.

Según indicó el gerente municipal de San Miguel, Jorge Román, Química Industrial Moreno recibió la licencia de funcionamiento en el año 2001 como una ferretería y presentó la información como tal, para luego llevar a cabo actividades industriales. “Ellos han presentado sus expedientes de manera audaz porque han hecho declaraciones que distan con las autorizaciones que se les había dado. Todo se maneja con declaraciones juradas donde hay un principio de presunción de la veracidad”, sostuvo el vocero.

Sin inspección

Sin embargo, el paso siguiente tras otorgar la licencia de funcionamiento era verificar -a través de la ITSE posterior- la información proporcionada por la empresa, según indica el Reglamento. El Comercio consultó al gerente municipal si se había realizado alguna inspección al local. “Lo que pasa es que, al ser empresas consideradas de bajo riesgo y ser de bajo metraje, entonces no hay una obligación de hacer una fiscalización al 100% de este tipo de expedientes. Se hace de manera aleatoria”, dijo Román.

El vocero reportó que la Municipalidad tiene un aproximado de 14.000 licencias de funcionamiento emitidas, pero hace cerca de 1.800 fiscalizaciones a estos locales. “Anteriormente, la norma exigía que las empresas renovaran anualmente su licencia de funcionamiento con la municipalidad, y era más fácil para los municipios hacer un control efectivo sobre el tema. Pero se dio la ley marco de licencias de funcionamiento, donde se señalizó que las licencias eran indeterminadas y, las inspecciones, aleatorias”, comentó el gerente municipal

Efectivamente, la Ley 28976 establece que en casos donde la ITSE sea posterior a la licencia de funcionamiento, esta debe realizarse “por la municipalidad [...] de manera aleatoria, de acuerdo a los recursos disponibles y priorizando los establecimientos que representen un mayor riesgo de seguridad”. Sin embargo, la misma Ley indica que “se encuentran excluidas de este procedimiento las solicitudes [...] que incluyan los giros de pub, licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías [...]”.

En estos casos, “el titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a la solicitud de licencia de funcionamiento”, señala la Ley. De hecho, Mega Master del Perú S.A.C. -que operaba bajo el giro de venta de artículos de ferretería- sí contaba con el certificado ITSE, emitido en el 2023.