Lecciones y compromisos pos-Nicolini, por Alfonso Grados

Las trágicas imágenes del incendio del centro comercial Nicolini en la zona de Las Malvinas, que mostraban a dos jóvenes como Jovi Herrera y Jorge Huamán inhumanamente encerrados en un contenedor clandestino y obligados por las circunstancias a desarrollar una actividad ilegal que finalmente les costó la vida, nos obliga a reflexionar sobre las condiciones laborales y sociales que permitieron que estas injustificables muertes ocurrieran en pleno centro de la capital.

Paradójicamente, hace algunas décadas el hoy siniestrado recinto Nicolini albergaba una fábrica líder de fideos caracterizada por sus productos de calidad y su cercanía con la población. En ese ambiente laboraban cientos de trabajadores en condiciones dignas, con una adecuada protección de sus derechos. Cuesta entender cómo, en el marco de un reconocido desarrollo económico y comercial, hoy nos confronta una realidad muy distinta: un centro ferretero de alto volumen, representativo del auge emprendedor de este siglo, pero a la vez inmerso en distintas capas de informalidad que en algunos casos inclusive lindaban con la ilegalidad.

Lo ocurrido en esa fatal azotea desborda inclusive la problemática del trabajo informal que se extiende mayoritariamente a lo largo y ancho del país, pues aquí nos enfrentamos además a un delito de trabajo forzoso que trajo como resultado la muerte de trabajadores, el cual debe acarrear sanciones de la mayor rigurosidad para quienes finalmente se determinen como culpables de tan inhumana situación.

Debido a las carencias estructurales del sistema de inspección laboral que heredamos, esta acción preventiva lamentablemente no llegó a tiempo para impedir lo ocurrido. Recibimos una gestión inspectiva fragmentada con poca cobertura a nivel nacional, con un número insuficiente de inspectores, atendiendo reactivamente las múltiples denuncias recibidas de trabajadores formales y, en consecuencia, con poca capacidad operativa para priorizar acciones de prevención y formalización.

Por ello desde inicios de año venimos tomando medidas para transformar esta situación, las mismas que aceleraremos a raíz de lo ocurrido. Partimos mejorando el gobierno institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), instaurando su Consejo Directivo y lanzando el proceso de concurso público para constituir el Tribunal de Fiscalización, última instancia para fijar jurisprudencia sobre los casos más representativos y de impacto. Asimismo, se han ajustado protocolos de actuación por ámbitos específicos, buscando otorgarle más predictibilidad y transparencia a la inspección.

Necesitamos potenciar la presencia activa de la Sunafil a nivel nacional para complementar el trabajo que vienen desplegando (con muchas limitaciones) los gobiernos regionales en esta materia, por lo que antes de fin de año estaremos instalando cuatro nuevas intendencias regionales (en Cusco, Piura, Lambayeque y el Callao) para llegar así a 14, con el compromiso de cubrir todo el territorio nacional a fines del 2019. En paralelo, es imprescindible incrementar el número de inspectores, que hoy no llegan a 500 a todo nivel. Este año incorporaremos 74 y esperamos duplicar el total en los próximos dos años y medio. La unificación de todos ellos bajo el liderazgo de la Sunafil nos permitirá hacer eficiente su despliegue en operaciones formalizadoras; trabajaremos los cambios legislativos que permitirán esa importante integración. Adicionalmente se especializará a un grupo calificado de inspectores para labores preventivas relacionadas con la protección de los derechos fundamentales del trabajador referidos a seguridad y salud en el trabajo, libertad sindical, trabajo forzoso, trabajo infantil no adecuado y discriminación laboral.

Sin embargo, como mencioné al inicio, lo ocurrido en este fatídico contenedor trasciende el aspecto meramente laboral. Más bien grafica con crudeza la impasividad con la que nuestra sociedad se ha acostumbrado a coexistir con la informalidad que en muchos casos corroe la legalidad, en un entorno de relacionamiento social en el cual el cumplimiento básico de la norma o la responsabilidad cívica pasan a segundo plano opacados por la necesidad de “salir adelante” a como dé lugar. Ello, de seguro, con buenas intenciones, pero usualmente con métodos incorrectos.

Sin duda, parte de la responsabilidad de esta situación recae en la incapacidad de las autoridades de establecer marcos legales y de orientación que guíen a las personas hacia una interacción pública transparente y predecible. Sin embargo, buena parte del compromiso debe también ser asumido por los ciudadanos de a pie, quienes debieran ser los promotores naturales y primarios de los valores que nos lleven a un respeto cívico hoy casi inexistente.

Es sintomático y preocupante escuchar luego de la tragedia a diversas personas manifestando que “se sabía” lo que estaba ocurriendo con estas inaceptables formas de trabajo, entre otras irregularidades presentes en Nicolini. Si así fuese, ¿por qué nadie lo denunció antes de que ocurriese el siniestro? ¿Por qué se acepta casi con naturalidad una convivencia con el incumplimiento de normas básicas de seguridad, de condiciones de protección o respeto mínimo por los trabajadores o usuarios? ¿Por qué no nos exaspera saber que, más allá de las inhumanas condiciones laborales condenadas, en ese contenedor se ejercía una burda labor de falsificación orientada a engañar a los consumidores? Faltó supervisión y prevención formal sin duda, pero también faltó responsabilidad cívica, solidaridad humana y decencia empresarial.

Nada ni nadie puede reparar el dolor que hoy enluta a las familias de Jovi y Jorge. En el marco de ese drama, solo nos queda reiterar nuestro compromiso de promover los cambios necesarios que adecenten nuestro entorno de trabajo, buscando que los derechos de los trabajadores se respeten. De esa manera buscaremos cumplir con el principal compromiso que tenemos con el país: garantizar empleo digno para cada vez más peruanos. Para ello, convocamos el apoyo decidido de los ciudadanos comprometidos con forjar un Perú sano, honesto y respetuoso para bienestar de nuestras próximas generaciones.