Cortar la espiral de retaliaciones, por Jaime de Althaus

Estamos en medio de una guerra de retaliaciones que tenemos que parar. La decisión de investigar a Keiko Fujimori y Fuerza Popular como una organización criminal fue un exceso jurídico que provocó el exceso aun mayor de la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por supuestamente no haber investigado a las empresas consorciadas con Odebrecht, y una ley para incluir a dichas empresas en el Decreto de Urgencia 003 solo para quebrarlas.

La fiscalía entonces, presionada, sobrerreaccionó pidiendo la detención preventiva de los ex directivos de las empresas consorciadas, aunque el efecto positivo de la imagen de los apresamientos haya sido que ahora la justicia (o la injusticia) es igual para todos. Pero fueron detenidos sin que hubiese habido investigación preliminar en la que se hubiesen podido defender y en el marco de un abuso general de la detención preventiva, cuyas víctimas más notorias fueron el ex presidente Humala y su esposa.

El último golpe ha sido la orden de allanamiento a dos locales de Fuerza Popular. En una democracia no se puede allanar el local de un partido político, salvo por razones penales muy fuertes. Una torpeza, además, porque la legítima posición del fiscal de la Nación en este enfrentamiento entre poderes queda mellada si no se demuestra que la intervención tiene una razón suficiente y no es simplemente un abuso de poder.

Felizmente el propio presidente ha salido a rechazar el allanamiento llamando al sistema judicial al respeto de las reglas democráticas. Muy bien, porque eso puede ayudar a cortar esta espiral de represalias que amenaza con llegar hasta la vacancia presidencial. Porque mientras tanto se desarrolla esa otra escalada entre el presidente y la Comisión Lava Jato, donde la negativa de PPK de asistir es respondida con la citación a su esposa, algo impropio. Ayudaría a desactivar esta bomba que el presidente informe a la comisión o a la ciudadanía con claridad acerca de sus relaciones profesionales con las empresas que brindaron asesorías a Odebrecht y que voceros de Fuerza Popular atemperen sus irresponsables e irrespetuosas acusaciones verbales al presidente.

En esto último juega un papel la retroalimentación entre políticos y medios. Ambos viven del ráting y entonces los medios invitan a los más agresivos e incendiarios, echando más leña al fuego, y personas estrafalarias terminan dictando la política nacional. Es lo que Aristóteles llamó la degeneración de la democracia en demagogia, que es la antesala de la tiranía. Se supone que la democracia, en su vertiente liberal, está diseñada para controlar el abuso del poder. Pero lo que está ocurriendo es que las propias instituciones encargadas de los contrapesos y límites no se contienen y se engazan en un pugilato de excesos que hacen estallar todo debido proceso. Lo que estamos viendo es el ascenso de la democracia directa en su vertiente popular, que lleva a la dictadura emocional de las mayorías manipuladas por demagogos.

Hay que empezar a apagar la hoguera antes de que nos consuma.

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