El 90% de las reparaciones civiles pendientes corresponde a casos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. (FOTO: USI)
El 90% de las reparaciones civiles pendientes corresponde a casos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. (FOTO: USI)
Redacción EC

El procurador anticorrupción pidió al Poder Judicial anular un fallo que, según indicó, permite a los sentenciados por corrupción alegar la prescripción de su caso para eximirse del pago de reparación civil en favor del Estado.

"La procuraduría se ha opuesto a estos pedidos, esperamos que el Poder Judicial revierta este lamentable criterio que estableció una de las salas del Sistema Especializado Anticorrupción y, aplicando la ley en forma correcta, lo declaren improcedente e infundado", declaró a Andina.

Enco alertó que son varios los condenados por corrupción que están recurriendo al Poder Judicial amparándose en un fallo a favor de Samuel Winter, ex directivo de Frecuencia Latina. Dicha decisión declaró la caducidad de la reparación civil de más de US$4 millones que se le impuso en el 2004 como parte de la sentencia en su contra por haber recibido US$2 millones del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para cambiar la línea informativa del referido canal de televisión.

Según comentó Enco, uno de los sentenciados que solicitó la caducidad del pago por prescripción sería Carlos Boloña, ex ministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El procurador anticorrupción consideró que este tipo argucias legales deja impune el daño causado al Estado desde el punto de vista de la reparación civil.

"Hay una queja pendiente de resolver en la Corte Suprema: le hemos pedido a la jueza Susana Castañeda que el Poder Judicial, en un pleno jurisdiccional, revise las resoluciones que perjudican los intereses del Estado", agregó.

En ese sentido, saludó que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, haya anunciado que se revisarán los fallos controvertidos que en el fondo tienen como propósito favorecer a sentenciados por corrupción.

A partir de los casos Fujimori-Montesinos hasta junio de 2018, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción informó que —por sentencias por delitos de corrupción— se obtuvo reparaciones civiles por S/1.529'027.345,97, de las cuales se han cobrado S/50'855.512,58.

Asimismo, la procuraduría detalló que el 90% de las reparaciones civiles pendientes de pago (S/1.478'141.833,39) corresponde a casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.