CpR: Las 4 propuestas económicas más peligrosas del Congreso

El Gobierno, los gremios y la sociedad civil han puesto la lupa sobre las propuestas del Congreso en materia económica y se han encontrado con más de una sorpresa. Desde proyectos de ley (PL) que piden darles prioridad a los meteoritos y ovnis que caigan en suelo peruano hasta iniciativas de exoneraciones tributarias que le costarían al Estado entre S/9.000 millones y S/15.000 millones, según cálculos de la Sunat.

El primero en alertar sobre el perjuicio de algunas propuestas fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Le siguió la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Y ahora la Asociación Contribuyentes por Respeto (CpR) presenta su “lista negra”.

“Gastan nuestros recursos en lo accesorio, en un país donde las grandes reformas esenciales se necesitan con urgencia”, afirma el director de CpR, José Ignacio Beteta. Para esta organización, varios de los más de 1.900 proyectos de ley presentados por parlamentarios en este Congreso –700 en los últimos seis meses– no merecen mayor debate y deberían ser archivados.

EL ROL DEL ESTADO
Encabezan la lista negra de CpR los PL 1875 y 1944, que buscan reformar la Constitución y corresponden a Marisa Glave y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), respectivamente. El primero busca que el Estado ejerza actividad empresarial para promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo. El segundo propone que realice actividad empresarial solidaria en el sector agrícola.

Para CpR, la propuesta parte de la “fantasía” de que la participación del Estado en la economía no generaría costos al fisco, cuando de hecho esto aumentaría el gasto público debido a la creación y el monitoreo de las empresas públicas. “Y con nuestra precaria institucionalidad, es posible que se incrementen el déficit fiscal y las planillas públicas por temas políticos; anulando la posibilidad de invertir en rubros prioritarios”, señala CpR, contradiciendo la exposición de motivos de ambos proyectos.

Al respecto, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, coincide en calificar las propuestas como muy peligrosas. “Es increíble que, a pesar de los ejemplos propios en los 70 y 80 de las consecuencia de tener un Estado empresario, sigamos con estas propuestas. El rol subsidiario es la manera lógica de organizar cualquier economía saludable”, asevera.

Beteta asegura que no hay que viajar en el tiempo para encontrar pruebas de que los resultados de gestión serían catastróficos. “Solo hay que ver el sector saneamiento. En pleno siglo XXI, cerca de 7 millones de peruanos no están conectados a la red de agua potable y desagüe porque durante los últimos 25 años, las EPS –gestionadas públicamente– fueron incapaces de generar recursos, invertir y mejorar los servicios”, argumenta.

OFERTA Y DEMANDA
El tercer proyecto en la lista negra de CpR es el 1947 del 2017, presentado por Edmundo del Águila (Acción Popular) para modificar el artículo 14 de la Ley de los Centros Educativos Privados. La iniciativa propone obligar a los colegios a informar a los padres de familia, antes de que el niño ingrese, sobre los posibles aumentos en la pensión escolar durante los 11 años que pasa en promedio en las aulas. Además de reintegrar el monto cobrado como cuota de ingreso si el estudiante abandona la institución por razones que no sean falta disciplinaria grave o pérdida del año escolar.

El razonamiento que sustenta el proyecto es que el año pasado las pensiones de enseñanza en los colegios particulares de Lima Metropolitana subieron en 6,4% en el 2015 y 8% en el 2016. Para Del Águila, este aumento no se condice con la inflación en el mismo período y debe ser corregido. Ante ello, CpR y el IPE coinciden en que existe una necesidad de sinceramiento en el sector, pues el costo de cambiar a un alumno de colegio es muy alto, pero advierten que desconocer las leyes de la oferta y la demanda no es el camino adecuado.

“La propuesta se va al otro extremo. Avisar con once años de anticipación no se hace en ninguna otra industria, pues es muy difícil prever la situación de costos, oferta y demanda a tantos años”, explica Macera.

El remedio, además, puede ser peor que la enfermedad, en la medida en que esta regulación se convierta en una barrera de entrada a nuevos jugadores. “¿Quién va a abrir un colegio si su precio va a ser inflexible? Habrá menos oferta, y eso es justo lo que ha llevado a la mejora en calidad del sector”, plantea Beteta. Además, con aumentos ‘fijados’ hasta con 11 años de anticipación, no existiría la posibilidad de trasladar eficiencias a los estudiantes y sus familias mediante menores pensiones.

SELLO MYPE
Finalmente, CpR se une a la lista de entidades que han alertado respecto al impacto del PL 730 del 2016 de Edwin Vergara (Fuerza Popular). La propuesta de crear el Sello Mype recibió la opinión desfavorable del MEF, de la Confiep y de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (MYPE Perú). Aun así, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas la aprobó con un texto sustitutorio que no ha subsanado las preocupaciones.

El denominado Sello Mype es un régimen especial del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las empresas medianas y grandes que sean compradoras frecuentes de mypes. La propuesta señala que incidirá sobre el 99% de las empresas, fomentando la formalización y mejorando la productividad. “Su efecto será multiplicador”, señala la iniciativa. Sin embargo, no precisa montos de venta ni número de mypes que dejarían la informalidad.

En cambio, el MEF calcula que generaría un costo fiscal de entre S/6.045 millones y S/11.354 millones. Por ello, Macera concluye que los riesgos del proyecto son demasiado grandes y pueden generar un costo muy alto a cambio de resultados inciertos.

“Además, se generaría un objetivo perverso al abrir la posibilidad de que grandes empresas creen compañías fantasmas que califiquen como micro o pequeñas para beneficiarse del Sello Mype”, alerta Beteta.

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