Lo que empezó como un pedido de investigación a la Superintendencia Nacional de Salud, por la falta de control en el costo de las clínicas y medicinas durante la pandemia, terminó extendiéndose a todos los organismos reguladores y ampliándose el tiempo de investigación a cinco años. No solo eso, la Comisión de Defensa del Consumidor de Congreso en su calidad de Comisión Investigadora también deberá proponer reformas normativas e institucionales que “fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de la salud y la vida de los ciudadanos”.
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Esta decisión del Congreso pone en grave riesgo la autonomía de los reguladores, no solo por la naturaleza de la investigación en un periodo pre electoral donde ya el Congreso ha demostrado serias inconsistencias técnicas y económicas en las leyes recientemente emitidas, con un claro fin populista. El periodo de 180 días de investigación significará un freno en la actividad regulatoria pues obligará a sus autoridades y equipos de gestión acudir a la Comisión, que desde ya pre juzga irregularidades en la actuación de los reguladores.
Recordemos que la finalidad principal de los Reguladores es mejorar la prestación de diversos servicios considerados como esenciales, contribuyendo a un adecuado desarrollo económico del sector que regulan. En este proceso los reguladores afrontan presiones de diferentes actores de acuerdo a sus intereses, como pueden ser el gobierno, sector privado, los consumidores y otros grupos de interés.
¿Desincentivo a la inversión?
De otro lado, la propuesta de reformas normativas e institucionales es también de alto riesgo para la autonomía y de hecho podría desalentar las inversiones que el Perú necesita más que nunca. No se puede suponer que propuestas hará la Comisión, pero hay una alta probabilidad de que las mismas tendrán un claro sesgo pro usuario y se aprobarán en vísperas de las elecciones.
Los reguladores se establecieron para garantizar un marco institucional que diera seguridad y estabilidad en las reglas de juego y la inversión, muy alejados de los vaivenes políticos como el que hoy vive nuestro país que no ha podido superar su debilidad institucional.
Para cumplir sus funciones, el regulador debe relacionarse adecuadamente con los políticos del Gobierno Central y del Congreso, las empresas reguladas, los consumidores, los medios de prensa y otros actores interesados, con independencia y solvencia legal, técnica y económica. Esta complicada la forma de relacionarse requiere gran capacidad por parte de los reguladores para mantener el equilibrio y no favorecer a ninguna de las partes.
El objetivo de los reguladores promover la inversión y mantener un equilibrio entre las empresas y sus usuarios, así como no sucumbir a las presiones de las autoridades políticas de turno. Por ello, el marco legal no debe permitir que se debiliten y sean capturados por alguno de los actores, ni a favor de los clientes o usuarios, ni a favor de las empresas.
Hoy el Congreso buscaría el aplauso inmediato de la tribuna, bajo el gorro de la protección al consumidor. Sin embargo, en la práctica este consumidor será el mayor afectado, porque se alejaría las inversiones que los más pobres requieren con urgencia en servicios públicos de telecomunicaciones, electricidad, gas, agua, carreteras, entre otros, es decir, servicios a los que gran parte de la población no tiene acceso. Lamentablemente, dicho aplauso será una satisfacción efímera para los congresistas, ya que en corto tiempo los consumidores que hoy dicen defender verán afectados sus servicios y aquellos que no los tienen seguirán esperando largo tiempo por los mismos.
Asimismo, detrás de esta medida puede estar iniciar una investigación parcializada a la Sunedu, con la finalidad de traerse abajo iniciativas para mejorar el nivel educativo del país. Pareciera que desde el Congreso se está labrando el camino para volver a la época de los ochentas, con control de precios, escasez e imposibilidad de acceso a servicios básicos. Recordemos que no hay servicio más caro que el que no se tiene.