¿Debe el Estado pagar Essalud de los trabajadores jóvenes?

El Gobierno tiene un nuevo frente de batalla. Esta vez en el campo laboral. Finalmente, luego de dos meses de haber presentado al Congreso su proyecto de ley para promover la contratación formal de jóvenes, se debatió la propuesta por primera vez en un foro organizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. 

La medida busca exonerar a las empresas del aporte a Essalud (9% de la remuneración mensual) y que este sea asumido por el Estado. No se afecta ningún derecho laboral, ha reiterado en varias ocasiones el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Sin embargo, la respuesta de los sindicatos ha sido, y lo sigue siendo, desfavorable. Una de sus principales críticas es el uso de recursos estatales (S/54 millones anuales) para subvencionar a los empleadores en vez de fortalecer la fiscalización laboral.

También cuestionaron que la propuesta no solucione el problema de la precariedad del empleo de los jóvenes, pues establece como máximo tres años por trabajador para el pago que hará el Estado.
Más allá de esto, cabe preguntarse sobre la eficacia de la medida. Su principal objetivo es crear empleo formal para jóvenes. ¿Que el Estado asuma el aporte a Essalud es la manera de lograrlo? 

SUMAS Y RESTAS
Una de las condiciones para que las empresas puedan gozar de la exoneración del pago a Essalud es que sus planillas se incrementen anualmente tanto en número de trabajadores como en el valor de esta. Es decir, creen nuevos puestos de trabajo.

No obstante, hoy existen dos desincentivos para la incorporación de un trabajador a planilla: los costos laborales y la dificultad que hay para despedir al trabajador, explica Jorge Carrillo, profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico.

Agrega que la propuesta del Ejecutivo disminuye los costos –en un 10,5 puntos básicos de un total de alrededor de 40–; pero no resuelve la dificultad para desvincular laboralmente al trabajador.

De hecho, el Perú ocupa el puesto 130 de 138 en lo que respecta a prácticas de contratación y despido según el Índice Global de Competitividad 2016-2017, del Foro Económico Mundial.

Mónica Pizarro, socia del estudio Echecopar, por su lado, considera que restar el aporte a Essalud sí es una reducción importante. “Si lo quitas, el empleador solo pagará la remuneración y los beneficios sociales. El aporte de pensiones y el Impuesto a la Renta no le afectan al empleador. Desde ese punto de vista, sería como desprenderse de su único costo adicional a las remuneraciones y beneficios”, afirma la especialista. 

El argumento central del MTPE es que el único sobrecosto laboral que realmente existe es el aporte a Essalud, señaló Germán Lora, jefe del Gabinete de Asesores del MTPE.

Pero esto no significa que se crearán nuevos puestos laborales.

“Obviamente, yo como empresa no crearé un puesto de trabajo simplemente porque me exoneran de la contribución a Essalud”, puntualizó Pizarro. En ese sentido, la especialista explica que el proyecto de ley presupone que la compañía necesita ese nuevo puesto de trabajo y que la exoneración será un incentivo para que contrate a un joven.

Jorge Toyama, socio del estudio Miranda & Amado, considera que la exoneración del pago del aporte de Essalud incentivará la contratación, pero no será determinante para que se haga de forma abrumadora. 

Para él, la reducción de este costo laboral “no generará que se cree un nuevo puesto de trabajo”, sino que simplemente se prefiera contratar a un joven que a una persona mayor.

Toyama destaca que la creación de empleo depende de la inversión privada. “Solo la inversión privada crea empleo sostenible”, afirma el especialista.

Por último, critica que el proyecto de ley no adopte medidas para evitar la precariedad del empleo juvenil: que vencidos los tres años de subvención se despida al trabajador y se lo reemplace por otro; o se deje de contratar jóvenes. 

YA APROBADAS
El Ministerio de Trabajo (MTPE ) ya ha aprobado cambios sobre inspección laboral, negociación colectiva y arbitraje potestativo. Estos deberán ser debatidos en el Congreso.