IPE: Al menos 13 mil Reinfo operaban en zonas restringidas, ¿qué ha pasado?

La minería ilegal avanza a un ritmo descomunal: hace dos décadas la exportación de oro legal era mayor a la ilegal en 190 toneladas, pero hoy esta diferencia es de apenas tres. Pese a ello, la Comisión de Energía y Minas del Congreso inició el debate para volver a ampliar el Reinfo y reincorporar más de 50 mil registros excluidos. Ante una creciente presencia de economías ilícitas y de la inseguridad, el país requiere que sus autoridades definan claramente su posición frente a la minería ilegal y la combatan.

—Fracaso del Reinfo—

La política fallida de formalización minera tiene como protagonista al Reinfo, cuyas múltiples prórrogas han favorecido la expansión de la minería ilegal. A esto se suma la falta de prioridad del Ejecutivo: en la última década, el presupuesto público destinado al programa Formalización Minera de la MAPE –a cargo del Minem– fue de apenas S/ 25 millones anuales, en promedio. Incluso, según el proyecto de ley de Presupuesto Público 2026, el programa de formalización recibiría solo S/ 14 millones, 60% menos que en el 2019, en términos reales.

En ese contexto, volver a ampliar la vigencia del Reinfo sin medidas concretas que impulsen la formalización solo alargará el problema. Peor aún, reintegrar a los más de 50 mil registros excluidos en julio legitimará las operaciones de miles de mineros informales e ilegales, incluyendo aquellas en zonas restringidas para toda actividad minera. Según estimaciones del IPE, usando la información de los Reinfo del Minem y las áreas restringidas del Ingemmet, al menos 13 mil Reinfo se ubicaban en áreas naturales, zonas arqueológicas, entre otras áreas restringidas y, luego del proceso de exclusión, 3.685 aún permanecen inscritos. Estos se ubican, por ejemplo, en las áreas de reserva de Tambopata (Madre de Dios), el río Chira (Piura) y las Líneas de Nazca (Ica). Este número podría ser mayor si se considera que, aun luego de la depuración, 6.483 no registran su ubicación geográfica.

—Cadena opaca y creciente—

Las continuas ampliaciones del Reinfo no solo han hecho fracasar su propósito de formalización, también han abierto una vía para que la producción ilegal ingrese al circuito formal. Este problema se agrava en un contexto de precios récord del oro, que promedia más de US$3.190 por onza en lo que va del año, 2,5 veces por encima del quinquenio 2015 - 2019 (US$1.265).

Este entorno ha impulsado la expansión de actores dedicados a la comercialización del metal, en un sistema con escasa trazabilidad y con fiscalización limitada. Actualmente, existen cerca de 14 mil registros de empresas comercializadoras y procesadoras de oro, 3,5 veces más que en 2015. Solo poco más de la mitad corresponden a empresas o personas con RUC. De estos, Puno concentra el 44%, seguida de Lima (30%) y Arequipa (8%). Puno y Arequipa son, a su vez, las regiones con mayor número de registros en el Reinfo.

El problema se vuelve aún más evidente en el eslabón exportador. Entre 2005 y 2025, el número de empresas formales con producción de oro registrada ante el Minem se multiplicó por solo 1,4 (de 198 a 274), mientras que las empresas exportadoras se multiplicaron por más de 37, pasando de 34 a más de 1.250 en el mismo periodo, exhibiendo un mayor crecimiento desde 2021.

—Impacto en seguridad—

El avance de la minería ilegal también está vinculado con la proliferación de otras actividades criminales. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú lidera en el alcance de la minería ilegal en Sudamérica, junto con Colombia y Venezuela, y registra una mayor presencia de delitos como el comercio de productos falsificados, la trata de personas y el narcotráfico.

En este contexto de mayor criminalidad, el presupuesto para reducir la minería ilegal ascendería a S/178 millones en 2026, un aumento de 41% frente al 2025. Sin embargo, ello se explica por un monto adicional de S/ 92 millones para “acciones comunes” del Ministerio de Defensa. Más aún, las actividades de erradicación y detección temprana muestran una reducción del 33%. El país necesita cerrar definitivamente el Reinfo y pasar de la discusión a la acción. Ese es el liderazgo que se requiere del gobierno de transición.