La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó este martes su rechazo por la reciente aprobación en el Congreso de la República de las leyes que permitirían el retiro de aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los ascensos automáticos en el sector salud.
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“La Confiep expresa su rechazo a las leyes aprobadas en el Congreso de la República que, en lugar de promover una mayor generación de empleo, que es lo que requerimos todas las familias peruanas, atentan contra el sistema de seguridad social en tiempos de pandemia y perjudican al tesoro público”, dijo el gremio en un comunicado.
“Desde la Confiep hacemos un llamado al Congreso de la República para evitar que se sigan aprobando leyes que violan la Constitución, expedidas sin sustento técnico, afectando las bases de la economía nacional, el sistema de seguridad social así como la estabilidad económica y jurídica de nuestra Nación”, dijo a su turno la presidenta de la agrupación, María Isabel León.
El gremio consideró necesario una reforma institucional del sistema de salud pública pero de forma gradual, con el objetivo de escuchar los reclamos del personal asistencial y garantizar la sostenibilidad del servicio.
“La ley aprobada por insistencia en el Congreso, a pesar de haber sido observada por el Poder Ejecutivo por ir en contra de la meritocracia y contra la garantía de una mejor productividad y calidad de servicios para los asegurados, representa un sobrecosto de S/ 1100 millones anuales para EsSalud, cuyos fondos son proporcionados por el sector privado para la atención de los trabajadores y sus familias”, apuntó.
Según Confiep, el sobrecosto equivale a dejar de brindar más de 12 millones de consultas médicas especializadas, más de 3.9 millones de sesiones de hemodiálisis, más de un millón de atenciones en emergencia, más de 100,000 cirugías, más de un millón de tratamientos para pacientes con cáncer, entre otros servicios para los asegurados.
En relación a la ONP, el gremio señaló que el retiro de fondos “perfora el presupuesto público y desconoce la intangibilidad de los fondos del sistema nacional de pensiones por lo que se espera sea observada por el Poder Ejecutivo”.