Israel Lozano Girón

La devolución aprobada por el Congreso para los afiliados a la es –en opinión de los expertos consultados por este Diario– insostenible para las del país. Más si consideramos el actual período de crisis. “No es solo que la cantidad de dinero sea grande”, comentó el exministro de Economía Alonso Segura, “es que no hay posibilidad de reasignar partidas. No hay ese dinero en el presupuesto. Están pidiendo un imposible jurídico y fiscal”.

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De convertirse en ley, ascendería a S/13.280 millones, sin contar los intereses. Dicho valor, según comentó el gerente general del IPE, Diego Macera, es seis veces lo que ejecutó el Estado el año pasado en inversión en salud.

“Es el doble de lo que se gasta al año en Qali Warma, Juntos, Pensión 65, Cuna Más y otros programas sociales: también es el equivalente a toda la brecha de infraestructura de corto plazo en telecomunicaciones”, explicó. Se trata de un presupuesto que el Estado tendría que asumir para beneficiar a 4 millones de personas de las cuales 1,3 millones ya recibieron algún bono del Gobierno.

Proceso para devolución aprobado por la ley. (Fuente: Texto sustitutorio / Infografía: Jean Izquierdo)
Proceso para devolución aprobado por la ley. (Fuente: Texto sustitutorio / Infografía: Jean Izquierdo)

Para el exministro de Economía Alfredo Thorne, el monto sería mayor. “Según mis estimados, esto llega a los S/20 mil millones. Con dicho monto se pueden financiar hasta tres bonos de S/760 para poblaciones vulnerables, tal como lo ha venido haciendo el Ejecutivo”, dijo.

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¿De dónde se obtendría el dinero, entonces, si es que no está en el presupuesto? El economista Luis Alberto Arias Minaya advierte que para financiarlo se debería acudir a los impuestos o a tomar deuda pública. “Sin embargo, no es lo adecuado emitir deuda para asumir una ley que no ha sido diseñado de manera técnica. Entiendo la necesidad de los aportantes, pero habían otras modalidades”, explicó.

Por el lado de los impuestos, Arias Minaya advierte que estos recién se están recuperando tras la paralización de la economía: “En el 2008, con la crisis financiera internacional, la presión tributaria cayó 2 puntos del PBI. Tomó 3 años recuperarse. Esta vez, tomará tres o cuatro años recuperar la presión tributaria previa a la pandemia”.

Al respecto, Alonso Segura agrega que hasta antes de la medida ya existía un complicado escenario para el déficit fiscal del país.

“Ya tenías problemas para financiar no solo el déficit fiscal de este año, sino la trayectoria de los siguientes años. No es que este año sea un déficit fiscal de 10% y al siguiente año regrese a 1%. Vas a ir convergiendo. Las necesidades de financiamiento son enormes para el próximo año en un contexto incierto”


Disposiciones para la devolución aprobada por el Congreso. (Fuente: Texto sustitutorio - ONP / Infografía: Jean Izquierdo)
Disposiciones para la devolución aprobada por el Congreso. (Fuente: Texto sustitutorio - ONP / Infografía: Jean Izquierdo)

Cabe recordar que no es la única medida que complica la situación fiscal del país. El Congreso también aprobó por insistencia el . La investigadora del IEP, Carolina Trivelli,mostró su preocupación por lo que implicaría tal gasto para otros presupuestos del Gobierno.

“Lo que gastas en esto lo dejarás de gastar en otra cosa y es posible, muy posible, que dejes de gastar en aquellas cosas que siendo importantes están dirigidas a los que menos tienen”, expresó.

Es por ello que para el decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adrianzén, el camino por el que debe optar el Gobierno es la inconstitucionalidad.

“Hoy se proyecta un déficit de 10% del PBI. Eso ya implica extraerle a los privados 10% del PBI. Son severos problemas de financiamiento. No es una medida inconstitucional final, es abusiva”, dijo.

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