El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el partido Perú Primero contra la resolución que declaró fundada la tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, y dispuso elevar el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo en segunda y última instancia.
La admisión del recurso se dio luego de que el personero legal de la agrupación, José Luis Alvarado Gonzáles, subsanara la omisión en el pago de la tasa electoral. El partido acreditó el reintegro de S/ 45.00, completando así el monto de S/ 1,650.00 exigido para las apelaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026, tras la actualización de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
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El caso se originó cuando el JEE declaró fundadas tres tachas ciudadanas que cuestionaban la idoneidad de Vizcarra Cornejo debido a una sentencia por peculado dictada en su contra en el año 2005. De acuerdo la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), los ciudadanos condenados por delitos de corrupción de funcionarios están impedidos de postular a la presidencia, incluso si ya cuentan con rehabilitación legal.
En su defensa, Perú Primero argumenta que el impedimento establecido en la Ley 30717 es inconstitucional y vulnera el derecho a la participación política. La agrupación sostiene que Mario Vizcarra ya cumplió su condena y se encuentra rehabilitado.
Pese a esto, el JEE ha subrayado que las restricciones legales vigentes tienen como fin supremo proteger la administración pública, asegurando que esté integrada por personas con probidad e idoneidad.
Recientemente y en declaraciones a la prensa, la presidenta del TC, Luz Pacheco, dijo que sus más recientes resoluciones el tribunal ha confirmado la constitucionalidad de la norma que restringe la candidatura de personas sentenciadas pese a su rehabilitación, como ocurre en el caso de Mario Vizcarra.
“En principio no. En principio eso es lo que ocurre. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos todos de acuerdo en el TC”, indicó el 2 de enero del 2026. “Nos parezca bien o mal, ha sido convalidada la constitucionalidad de esta norma. Tenemos que respetarla porque, si no, no hay reglas de juego claras para la ciudadanía”, agregó.
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